Los rigores de la desigualdad

Abstract

La actualidad de Tucumán no puede entenderse sin referirla a la historia de cierre de los ingenios y a las políticas de corte liberal que saquearon su patrimonio y sometieron a sus habitantes a situaciones de inequidad, pobreza y abandono, del que dan sobradas muestras el exilio forzado de mas de 200.000 tucumanos hacia el conurbano bonaerense.

En el 2005 el PNUD coloca a Tucumán entre las provincias que integran la Región Crítica, con el 18% de indigencia y el 46% de pobreza. La temática de la inclusión se relaciona de manera estrecha y directa con el crecimiento económico, la equidad territorial, social y de género, la universalidad de los derechos sociales y la presencia y el compromiso ético de las políticas públicas, que demandan la cohesión del tejido social.

Es en ese sentido que el Gasto Público Social refleja el esfuerzo realizado por el Estado para mejorar las condiciones de vida de la población y promover el bienestar colectivo, permitiendo una rápida recuperación de los indicadores sociales, de la tasa de desempleo, aumento del salario mínimo, incremento de las jubilaciones y la instrumentación del "plan de inclusión previsional", lo que permitió la incorporación de mas de 2 millones de personas, de los cuales alrededor del 85%, son mujeres.

La intervención estatal se fundó en territorializar las acciones, enfocarlas integralmente y promover la activa participación comunitaria.

En función de estas premisas y atendiendo a los indicadores de maternidad, nos planteamos de manera innovadora, la atención a las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad. La jefatura femenina en hogares monoparentales llega en la provincia al 25%, casi la mitad de esas mujeres no ha alcanzado más que 8 años de escolaridad y tienen alto índice de privación material.

Es por estas razones que hemos implementado un ingreso mínimo por familia, como medida asistencial urgente, que se orienta a la promoción integral, comprendiendo la atención de salud del grupo familiar, la terminalidad educativa, la capacitación para el empleo y otra modalidad de inserción laboral y el conocimiento de sus derechos, con espacios de participación. Este proceso ha mostrado un gran potencial transformador al romper la separación entre lo público y lo privado, generado por dinamizadores que parten de una perspectiva de derechos.