Decisiones regulatorias basadas en riesgos

Abstract

La intervención del gobierno en los sectores de la sociedad y la economía a través de la regulación, requiere el análisis y gestión de riesgos regulatorios que permita tomar decisiones adecuadas para corregir problemas y desviaciones que afectan a la maximización de los beneficios netos sociales y para mejorar la eficiencia y efectividad de las intervenciones regulatorias. El proceso de análisis de riesgos permite establecer prioridades de la intervención pública para proteger a la sociedad de riesgos con impactos negativos sobre la salud, el medio ambiente, la seguridad nacional o la economía; bajo este enfoque, las entidades del sector público encargadas de la regulación y control planificarán previamente sus intervenciones regulatorias, fijando prioridades de acuerdo a los riesgos más significativos.

El desarrollo de un marco de decisión basado en el análisis de riesgos regulatorios comprende un proceso de cuatro fases: la etapa inicial consiste en la identificación y caracterización de riesgos a partir de la descripción de los factores que originan el riesgo y la naturaleza de las consecuencias que se podrían generar, identificando los grupos de la sociedad implicados y los aspectos sociales, ambientales y económicos que podrían verse afectados negativamente; la segunda fase es la valoración de la magnitud de los riesgos que amenazan al bienestar de la sociedad, la cual representa la piedra angular para la decisión regulatoria y requiere la recopilación de información científica, estadística y empírica que evidencie la potencialidad de los mismos; la tercera etapa es el establecimiento de las medidas de mitigación de riesgos más adecuadas entre las opciones existentes, en función del análisis de su posible impacto y finalmente el seguimiento y monitoreo de los riesgos y de las medidas implementadas.

La opción regulatoria que se planifique implementar debe corresponderse y ser proporcional con el nivel de riesgo resultante de su valoración y dependerá de la identificación de las alternativas disponibles para mitigar y minimizar los riesgos y de los medios apropiados para ejecutarlas, lo cual debe orientarse a optimizar los recursos disponibles. En este sentido, es importante que las medidas a adoptarse cuenten, por un lado, con una evaluación ex ante de su impacto esperado, es decir cuantificar los costos y beneficios y analizar su distribución justa en la sociedad y, por otro lado, con la evaluación de impactos ex post de las regulaciones como mecanismo para revelar fallos en el proceso regulatorio y determinar medidas correctivas.

La adecuada gestión de riesgos en el ciclo regulatorio requiere que exista un fortalecimiento de las capacidades de las entidades de regulación y control para que la toma de decisiones se realice aplicando metodologías de análisis de riesgos y de estimaciones del impacto regulatorio que permita utilizar mecanismos objetivos que busquen la maximización del bienestar social, para ello se requiere que el proceso decisorio basado en riesgos se incorpore de manera paulatina, que se capaciten a los funcionarios encargados de los análisis previos al diseño normativo, que se asignen los recursos necesarios para su implementación y que se tomen medidas para corregir los fallos del sistema regulatorio.