Dinámicas, tensiones y retos para la institucionalización de los enfoques de derechos humanos en las políticas públicas: el caso de la atención territorial a la población desplazada entre 2004-2013

Abstract

A junio de 2014, en Colombia 5`632.062 personas han sido desplazadas en los últimos 30 años. Este número equivale al 11% del total de habitantes del país, estimado en 47`121.089, según proyecciones del DANE a septiembre de 2012.

Desde 1997, con la Ley 387 el Estado colombiano adoptó la atención al desplazamiento forzado como una función de Estado y configura un esquema institucional denominado Sistema Nacional de Atención a la Población Desplazada por la Violencia SNAIPDV-.

Debido a las condiciones de despojo, exclusión de derechos y afectaciones psicosociales de las personas desplazadas, la ley fijaba que los contenidos de las programas debían ser diferentes a los dispuestos en la oferta regular dirigida a las personas en situación de pobreza.

No obstante, este mandato no ha sido cumplido y cada gobierno entre 1997 y 2013 optó por adecuar los programas regulares de atención a poblaciones vulnerables (básicamente la política de asistencia social mediante subsidios focalizados) para que cubrieran a la población víctima de desplazamiento.

Este hecho llevó a una creciente separación entre los contenidos de derechos que fijaba la Ley 387 y los contenidos que establecíann los programas gubernamentales contenidos en los planes de desarrollo. A tal punto llegó esta separación, que en 2004, la Corte Constitucional decretó la existencia de una falla estructural de la política que denominó como Estado de Cosas Inconstitucional ECI- y ordenó al gobierno nacional un profundo proceso de reforma institucional con el fin de lograr el restablecimiento de derechos.

En este escenario, toma relevancia el papel de los gobiernos territoriales para el materializar los derechos de la población desplazada. En particular, los municipios son los ámbitos centrales en los que se juega el restablecimiento de los derechos de las personas, familias, comunidades y grupos étnicos en riegos y situación de desplazamiento. Es por esto, que desde el principio del proceso de la Sentencia T-025 la Corte Constitucional evidenció la necesidad de impulsar procesos de fortalecimiento institucional de las administraciones territoriales para avanzar en el goce efectivo de los derechos de las víctimas de desplazamiento.

Por lo anterior, la presente ponencia busca contribuir a hacer visible las limitaciones y retos institucionales que deben afrontar los gobiernos territoriales para materializar los derechos constitucional y legalmente reconocidos a todas y todos las víctimas de desplazamiento forzado.

Palabras claves: Gestión por políticas; Goce Efectivo de Derechos; Asistencia social; Desplazamiento forzado; Sentencia T-025 de 2004; Ley 387 de 1997; Ley 1448 de 2011; Ley 715 de 2001; Corte Constitucional. Gobierno Nacional; Gobiernos territoriales; Finanzas públicas; Colombia.