La federalización de la política pública en Puerto Rico

Abstract

Puerto Rico es un territorio no incorporado de los EE.UU. desde el año 1898. A pesar de que goza de una amplia autonomía administrativa desde implantación de la Constitución del Estado Libre Asociado de 1952, lo cierto es que muchas áreas la política pública quedaron bajo la jurisdicción de la llamada Cláusula de Supremacía de la Constitución (Federal) de los EE.UU. de 1787.

Interesantemente, el ámbito de autoridad del Gobierno Federal de los EE.UU. en los estados de dicho país y en Puerto Rico, se ha venido ampliando desde los años 1960 s a través de mecanismos tales como la reglamentación o la imposición de condiciones atadas a las subvenciones de fondos del Gobierno Federal a Puerto Rico (Vera, 1986), supervisión y la imposición de multas en otras áreas de política pública tales como la protección del ambiente y la generación de energía limpia, entre otras.

Asimismo, el poder judicial de los Estados Unidos, representado por la Corte Federal de Puerto Rico han decidido casos que han tenido el efecto de federalizar algunas áreas de la política pública en Puerto Rico.

Así por ejemplo, en los llamados casos Morales Feliciano vs. ELA, que se extendieron desde 1987 hasta entrados los años 2000, el Tribunal Federal de los EE.UU. atendió una demanda de un grupo de confinados del Puerto Rico que alegaban malas condiciones de confinamiento y violaciones a sus derechos civiles. En este caso, el juez federal, impuso a la Administración de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico unos estándares o estipulaciones para la mejora del sistema correccional del país.

Este trabajo explora las diversas manifestaciones de la federalización de la política pública en Puerto Rico, así como sus efectos positivos y negativos. Asimismo, se dan recomendaciones para que el gobierno local minimice la injerencia del gobierno federal en aquellas áreas en las que no aplica la cláusula de supremacía.