Presidencialismo y atención a la pobreza en Colombia: a propósito del Programa Familias en Acción

Abstract

Colombia, como Estado Social de Derecho, siguiendo el orden constitucional de 1991, determina un compromiso social de Estado y de Gobierno, la Corte Constitucional colombiana se ha expresado al respecto: Lo primero que debe ser advertido es que el término social , ahora agregado a la clásica fórmula del Estado de Derecho, no debe ser entendido como una simple muletilla retorica que proporciona un elegante toque de filantropía a la idea tradicional del derecho y del Estado Desde el orden constitucional, lo social y su atención demandan políticas y agenciamiento de las mismas por parte del Estado, además de las implicaciones económicas y de modernización de este último.

La ponencia busca analizar sobre el agenciamiento presidencial que le otorga centralidad y cercanía en la atención de los temas de pobreza con cierta tendencia para el manejo de los recursos y los esfuerzos para dar salida a las problemáticas de pobreza de la población más vulnerable de la sociedad colombiana. Se sostiene que la atención a la pobreza en términos del programa familias en Acción y su reforma acaecida en 2013 (Programa Más familias en Acción), responden de cierta medida a las necesidades de los gobiernos nacionales de turno en materia de ofrecer resultados, pero no han atendido suficientemente a dinámicas sociales impulsadas por los gobernados sino a decisiones del ejecutivo, lo cual evidencia una marcada centralización de las acciones de política. De esta forma la ponencia busca reflexionar sobre el tipo de aprendizaje que posibilita el estudio de programas de transferencias condicionadas, en el sentido de describir las enseñanzas que deja la atención a la pobreza articulada a un programa centrado en la Presidencia de la República.

Se concluye que la eficacia y la generación de impactos de largo plazo de programas de transferencias condicionadas como el programa Más Familias en Acción, dependen de cómo son complementados con otro tipo de iniciativas ya provengan de aparatos gubernamentales o de la sociedad civil, y en el primer caso, buscando la coordinación entre los distintos niveles de gobierno: nacional, departamental y municipal. Esto con el objetivo de generar un mayor grado de empoderamiento ciudadano y capital social. La lucha contra la pobreza un relacionamiento entre la sociedad y Gobierno tomando como referencia la obligación del Estado en la materia, y estableciendo que el Estado no se define en un modelo universalista, sino focalizador, donde se establecen órdenes de prioridad de sectores poblacionales, instrumentos de asignación eficiente de recursos, y orientación hacia los más pobres al interior de la sociedad. Este relacionamiento implica ver las poblaciones focalizadas en función de acuerdos políticos, y participativos, generando cohesión social.