La transferencia de las competencias de tránsito y transporte terrestre y de vialidad

Abstract

Siendo la movilidad uno de los derechos fundamentales que tutela la Constitución y la legislación nacional ecuatoriana, resguardar el cumplimiento de este derecho es responsabilidad del Estado a través del ejercicio de sus facultades de planificación, regulación y control en el tránsito, transporte terrestre y seguridad vial; y, de planificación y gestión, en el caso de competencia de vialidad; asignadas a los gobiernos autónomos descentralizados bajo la consideración de que son los niveles de gobierno más cercanos a la ciudadanía, pues identifican las necesidades territoriales de primera mano.

En el caso de la competencia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, la transferencia de la misma se realizó exclusivamente a favor de los gobiernos descentralizados municipales, para ello se elaboraron tres modelos de gestión diferenciados para el ejercicio de la competencia en función de tres criterios: índice de necesidad respecto de la competencia, experiencia del gobiernos autónomos descentralizado para ejercer la competencia y criterio mínimo de sostenibilidad del servicio de matriculación y revisión técnica vehicular. En función del cumplimiento de estos criterios se asignó a los municipios un modelo de gestión determinado, tomando en cuenta las diferentes capacidades para asumir la competencia de los 221 municipios existentes en el Ecuador. De esta manera se busca incluir las diversidades territoriales en el ejercicio de la competencia.

La competencia para planificar, mantener y construir el sistema vial es una de las competencias de mayor trascendencia para el desarrollo de un país, por su efecto en el acceso al desplazamiento de las personas. En el caso concreto del Ecuador, la titularidad de esta competencia radica en todos los niveles de gobierno -central, regional, provincial, municipal y parroquial rural- de ahí que uno de los ámbitos fundamentales al momento de regular el ejercicio de ésta, sea la definición del alcance de las atribuciones que corresponde a cada nivel de gobierno. En ese contexto, la propuesta de regulación de la competencia para planificar, mantener y construir el sistema vial, parte de la definición de lo que se entiende por las redes viales estatal, regional, provincial y municipal, a efectos de delimitar el ámbito territorial sobre el cual se va a ejercer la competencia. Adicionalmente se está trabajando en una propuesta que permita cerrar las brechas existentes para contar con un servicio de vialidad de calidad.

El proceso de descentralización de la competencia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial y la regulación de la competencia de vialidad constituyen la respuesta del Estado a las diferentes necesidades territoriales. Un efectivo proceso de descentralización de estas competencias permitirá efectivizar el derecho a la movilidad en pro de la configuración de un Estado policéntrico y un verdadero estado de derechos conforme lo establece la Constitución de la República.