El sistema de responsabilidades de los servidores públicos como instrumento promotor del combate contra la corrupción: el caso de México

Abstract

La criminalización y sanción de los actos de corrupción es esencial para controlar este fenómeno; empero, la labor correctiva y resarcitoria de los actos contrarios a la ley, debe ir acompañada necesariamente de una estrategia preventiva, que permita disuadir o disminuir su incidencia y favorezca una rendición de cuentas clara a la ciudadanía. Debe romperse el paradigma respecto a si debe privilegiarse la sanción frente a la prevención, y es que es evidente que, multifactorialmente, debe abordarse el tema.

En la actualidad, las políticas públicas no sólo están encaminadas a la fiscalización y rendición de cuentas, como expresión suprema de una vida democrática, sino también miran a la vigilancia, al control, a la evaluación y a la prevención. Por lo tanto, la implantación de medidas punitivas debe necesariamente ser acompañada de políticas, programas y campañas que eduquen en los valores fundamentales de la convivencia humana.

Frente a lo anterior, ¿cuáles deberían ser las Políticas Públicas que se tiene que expedir para afrontar la corrupción? Parece ser consenso que las alternativas puedan partir, en forma enunciativa y no limitativa, desde las buenas prácticas internacionales: la elaboración de códigos de ética y de conducta; la capacitación y profesionalización de los servidores públicos; el impulso a la transparencia e integridad en las compras gubernamentales (tanto para la adquisición de bienes y servicios, como para la ejecución de obras públicas); el establecimiento de mecanismos para promover la denuncia; la revisión de los sistemas de control patrimonial; el impulso a la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas.

Por tal motivo, en el presente trabajo se pretende abordar la problemática, desde la perspectiva del régimen de las responsabilidades de los servidores públicos y la interacción que tiene para servir como un instrumento de lucha contra la corrupción, pasando por un escueto análisis del marco legal actualmente existente, en el que se clasifican los diversos tipos de responsabilidad, los procedimientos, las autoridades competentes, las sanciones y, sobre todo su eficacia frente al fenómeno.

Del resultado de este análisis, podremos colegir si en verdad, tal y como se encuentra regulado en la legislación, el sistema disciplinario de la función pública es, en efecto, un elemento que sirve para inhibir las conductas de distorsión administrativa y ha servido para disminuir la frecuencia de los hechos de opacidad o, por el contrario, la percepción social desfavorece su utilidad.