La evaluación del desempeño basada en resultados y competencias en el régimen ético y disciplinario: caso de tres instituciones dominicanas

Abstract

Es una realidad la necesidad de un "Estado efectivo" para el desarrollo de los países, lo cual implica desarrollar estrategias de la calidad en la gestión pública y profesionalizar su burocracia. "El desarrollo de una burocracia pública profesional es una condición, no suficiente pero sí necesaria, para el desarrollo de los países", Evans y Rauch (1999).

Para lograr ese "Estado efectivo" necesitamos personas con las competencias, o conjunto de cualidades que le permitan desempeñar de manera exitosa su puesto de trabajo, personas que se adecuen a la estrategia de la organización, para la producción de resultados acordes con esas prioridades estratégicas, personas motivadas en hacer un trabajo con calidad y que sean éticos y morales en sus actuaciones, respetando lo establecido en el régimen ético y disciplinario de la Ley de Función Pública.

Es por todo ello que la Carta Iberoamericana de Función Pública, (2003) plantea la necesidad de disponer en el sector público con sistemas formales de evaluación del rendimiento que nos permitan: obtener informaciones necesarias para adoptar decisiones en diferentes áreas de la gestión de las personas, validar políticas y prácticas de gestión de recursos humanos, contrastando y valorando su impacto sobre el comportamiento humano en el trabajo, orientar el desarrollo de las personas y su crecimiento profesional y mejorar la motivación y el rendimiento de las personas en el puesto de trabajo.

Al mismo tiempo, los sistemas de evaluación deben incorporar mecanismos por medio de los cuales las personas pueden manifestar sus discrepancias sobre las evaluaciones a instancias superiores.

Es por todo ello que en esta ponencia comentaremos además los avances de la Evaluación del Desempeño basada en resultados, competencias y en la evaluación del Régimen ético y disciplinario de la ley de función pública en tres (3) instituciones públicas de República Dominicana que han podido implementar todo este sistema propuesto por el Ministerio de Administración Pública (MAP).