Nueva institucionalidad política en Uruguay: desafíos y oportunidades para la participación ciudadana en las políticas públicas locales
Resumen
En Uruguay, desde la recuperación democrática en 1985, la reforma del Estado, la cuestión municipal y algunos temas conexos como la descentralización de estructuras estatales, desarrollo local y participación de la sociedad civil en la gestión pública departamental, han ocupado un espacio importante en la agenda política nacional, aunque con énfasis y tonos diferentes en cada uno de los gobiernos. El eje del debate descentralizador ha estado en la redefinición del papel de las intendencias como niveles subnacionales de gobierno y su rol en la promoción e implementación de políticas locales sociales y de desarrollo territorial. Recientemente, la Ley 18.567 puesta en funcionamiento en Uruguay, con la creación de los Municipios constituyen un nuevo órgano de los Gobiernos Departamentales, cuyas autoridades se seleccionan mediante el voto directo del cuerpo electoral, pero en cuyo desempeño disponen de potestades de decisión sobre los recursos previstos en el Presupuesto Departamental, previamente aprobado por la Junta Departamental sobre la base el mensaje del Intendente, pero están sujetos a jerarquía institucional. Está dependencia institucional marca de alguna manera la impronta gradual y de proceso de cualquier política de descentralizadora en el país, siendo desafiante para la articulación, coordinación y puesta en marcha de las prácticas de participación ciudadana que son enmarcadas en un artículo específico de la ley con competencias para los municipios. La ponencia pretende analizar las oportunidades y desafíos que la nueva institucionalidad presenta para fortalecer espacios de participación a nivel local en los cuales los ciudadanos se involucren de forma eficiente en la construcción de la agenda pública local. El foco del análisis estará en los distintos instrumentos implementados en algunas experiencias nacionales para construir procesos de gobernanza participativa desde los diferentes niveles de gobierno y en los desafíos que se presentan para la generación de vínculos verticales entre los actores de cada nivel de gobierno que sean democráticos, y sujetos a escrutinio por esos mismos actores.