La rendición de cuentas transversal en el nuevo orden estatal ecuatoriano
Resumo
Este texto busca caracterizar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) -una de las creaciones institucionales más novedosas y polémicas de la recientemente aprobada Constitución de la República del Ecuador- como un dispositivo que pretende propulsar la participación ciudadana y la puesta en vigencia de nuevas formas de control social con consecuencias en el funcionamiento del Estado. La noción de 'rendición de cuentas transversal' atrapa bien la orientación de este nuevo tipo de institucionalidad que, si bien se conduce a través de las organizaciones estatales, está diseñada para anclar sus raíces de manera explícita en la sociedad civil y buscar así su mayor protagonismo democrático en las tareas de control popular de las tareas gubernativas y del manejo de los asuntos públicos. En el marco del acceso al poder desde enero 2007 de un movimiento político -Alianza País (AP)- cuyo principal líder, el Presidente Rafael Correa, se sitúa como parte de la vigente ola de gobiernos de izquierda y centro-izquierda en América Latina, tal proceso de innovación institucional ha sido posible, no solo por el encumbramiento de la participación como un valor político fundamental en la disputa por la reconstrucción democrática del Estado, sino por un espíritu de la época marcado por el enorme desprestigio de la política y el repudio ciudadano a las instituciones centrales del gobierno representativo. Este trabajo contiene, así, un doble cometido. Por un lado, plantea un repaso sobre las formas en que la desconfianza política y la participación ciudadana se han articulado para desencadenar específicas líneas de reforma constitucional. Y por otro, se concentra en el análisis de las características del CPCCS que permitirían ubicarlo como parte de una nueva generación de arreglos institucionales concernidos con la creación de esferas de interacción socio-estatal para el despliegue de formas de participación ciudadana en los procesos de control y rendición de cuentas propios de los Estados democráticos.