El control social de la gestión pública en el Ecuador

Abstract

En el Ecuador, el control social en la gestión pública se encuentra fundado, jurídica, política y éticamente, en la Constitución Política, en la Función de Transparencia y Control Social, en el art.204. Cuyo mandato fundamental del CPCCS es el de promover e incentivar el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, impulsar y establecer mecanismos de control en asuntos de interés público (políticas anti corrupción) y designar, a través de Comisiones Ciudadanas de Selección, a las autoridades que le corresponda de acuerdo con la Constitución.

La participación de los ciudadanos/as en las tareas relacionadas con la vigilancia, evaluación, control del uso y gestión de los recursos públicos es lo que da origen al control ciudadano. Cada ciudadano por consiguiente debe y tiene el derecho de controlar la gestión del estado a nivel nacional, estatal y municipal, ya que el control ciudadano es el derecho y la obligación, control y la obligación de los ciudadanos, de intervenir en forma directa o través de sus representantes legítimamente elegidos, en el control de la gestión pública.

La participación y el control social son en gran medida son las bases que consolidan un sistema democrático el cual está estrechamente ligado, de una parte, al desarrollo de una mayor conciencia de la sociedad sobre los derechos y deberes ciudadanos, y de otra, al desarrollo de la voluntad de las administraciones para poner en práctica la participación ciudadana, con el objetivo de democratizar el ejercicio de lo público, de transformar las relaciones entre el Estado y la sociedad civil y de empoderar a la ciudadanía.

Finalmente, las acciones de vigilancia y control que realicen los ciudadanos/as no deben limitarse a reacciones ante problemas o dificultades, lo cual generalmente se traduce en la denuncia de irregularidades. Los problemas pueden motivar la motivar la vigilancia y seguimiento pero también son un punto de partida como el caso ecuatoriano para iniciar un proceso organizado tendiente a garantizar que el estado cumpla con sus fines sociales con calidad y equidad. Esto obliga la interacción e interlocución entre los ciudadanos y las entidades públicas, lo cual supone establecer relaciones que faciliten la comunicación, el diálogo, el debate, la concertación y en general el intercambio de información, que permita que las recomendaciones y propuestas sean analizadas o adoptadas y principalmente que facilite la incidencia ciudadana en el proceso de toma de decisiones.