La política pública de participación en Bogotá: ¿una tarea imposible?

Abstract

A mediados de la década del 80, Colombia dio un viraje significativo en la organización del Estado, al conceder autonomía política y administrativa relativa a los municipios y los departamentos, de un lado, y al institucionalizar un conjunto de espacios de participación ciudadana en la gestión pública, de otro. La Constitución de 1991 ratificó esas reformas y les otorgó nuevo sentido a la luz de un proyecto de democracia participativa para el país.

Bogotá se incorporó en esa dinámica a partir de la aprobación de su Estatuto Orgánico, el Decreto-ley 1421 de 1993, que definió su estructura político-administrativa y entregó al gobierno distrital la responsabilidad de promover la participación ciudadana. Desde ese entonces fueron creados una gran cantidad de espacios de participación, en consonancia con las leyes nacionales vigentes y con las particularidades de la ciudad.

Este trabajo analiza las políticas públicas de fomento a la participación ciudadana en Bogotá, implementadas durante los gobiernos de Antanas Mockus (2001-2003) y Luis Eduardo Garzón (2004-2007), en tres planos: la formulación de los planes de desarrollo de la ciudad, el diseño de políticas públicas específicas y la realización de programas y proyectos. Se intenta mostrar que la "infraestructura para la participación" (normativa e institucional) no ha contado con una política gubernamental que defina su naturaleza y su papel en la democratización de las decisiones urbanas. A ello se añade una fuerte debilidad de la sociedad civil en su proyección hacia el escenario público y en su capacidad de actuar de manera autónoma, lo que ha restado mucha fuerza a la participación como un instrumento para el logro de una Bogotá democrática e incluyente.

Esto resulta ciertamente paradójico si se tiene en cuenta que la ciudad ha sido gobernada por alcaldes progresistas y, en los últimos cinco años, por alcaldes de izquierda. Las consecuencias de esa falta de estrategias de manejo de la participación son visibles: dispersión de la acción institucional, deslegitimación de los espacios institucionales de participación y búsqueda, por parte de la ciudadanía, de canales no institucionales, surgidos "desde abajo" para garantizar la deliberación pública y el diálogo y la construcción de acuerdos con las autoridades públicas.