Sobre el concepto de ética pública y su gestión en la administración española

Abstract

La ponencia trata de explicar los avances en la construcción de la infraestructura ética en España desde la teoría institucionalista.

En concreto, analiza el nacimiento e implantación de dos instituciones que se sitúan en el ámbito de las políticas de refuerzo de la integridad gubernamental, en concreto, el Código de Buen Gobierno y la Ley de Conflictos de Interés de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración General del Estado en España. No obstante, previamente, analiza el concepto de ética pública y lo compara con el de ética política.

Tradicionalmente, se está usando el concepto de ética pública para referirse a la ética que debe guiar la acción de los responsables públicos, mas dicho concepto no es el adecuado, pues ética pública se refiere al patrón moral básico de una sociedad y, por ello, es exigible a todo ciudadano y no sólo a los funcionarios o altos cargos del gobierno.

El concepto adecuado es ética política. Hecha esta puntualización, la ponencia enuncia los principales cambios en la construcción de una infraestructura ética en España en los últimos tres años, los que se corresponden con el gobierno actual. Y pasa a analizar dos de estos cambios, que son los enunciados anteriormente.

Estas dos nuevas instituciones son analizadas detalladamente y descritos sus principales rasgos. Para empezar, se intenta explicar el por qué de su nacimiento, y para ello se utilizan tres enfoques teóricos: la teoría del discurso, el institucionalismo sociológico y el constructivismo.

A continuación, se analizan sus problemas de redacción e implantación, y en función de ello se procede, en las conclusiones, a intentar explicar el por qué dichas normas no han llegado a institucionalizarse plenamente y se ha llegado tan sólo a una innovación limitada. La conclusión incluye varias respuestas compatibles, para empezar, la racionalidad prudencial en el ejercicio del poder que impedía, en este momento, dar el salto a una institución independiente como gestora del sistema, aun cuando se mantuviera el discurso innovador; para seguir, elementos de racionalidad burocrática y de ajustes de poder entre los ministerios del Gobierno, y finalmente, elementos de dependencia del camino, que arrastraron a un mantenimiento de equilibrios de poder e intereses entre los actores relevantes.

No obstante, frente a visiones pesimistas y de bloqueo, el artículo finaliza destacando el valor de las ideas y valores como factores de cambio, sobre todo cuando el liderazgo asume las mismas y decide marcar un rumbo acorde a las mismas.