La ética como factor primordial de la función pública

Abstract

La ética y la transparencia y la ética en la función pública la podemos interpretar como la acción que comprende determinados conocimientos, experiencias, prácticas o modos de hacer hábitos en quienes pertenecen al sector público a través de su gestión y sustentadas en determinados valores y convicciones compartidas por quienes forman la organización, estos comportamientos son coadyuvantes a un buen gobierno.

La contra parte de la cultura de la ética es la cultura de la corrupción en la profesionalización de los servidores públicos. A este mal añejo que ataña a los gobiernos, lo peor que le puede pasar a una sociedad es que quienes delinquen tengan la idea de que no hacen nada malo, y esto es peor aún cuando una parte significativa de quienes se enteran del delito tienen una idea similar.

Ante esta problemática circunstancial se puede afirmar, que se está en crisis la cultura de la ética en la función pública manifestada en un serio resquebrajamiento de los valores éticos, se ha traspasado el umbral de la inmoralidad, o más certeramente, que la amoralidad ha generado pérdida de credibilidad ante los gobernados.

Se dio una mayor atención a este problema a partir del presente gobierno, con la creación de la Función Pública que tiene como misión fortalecer los sistemas de gestión y control, vigilar los derechos del ciudadano así como fomentar una cultura de la ética y transparencia que interactúan en torno a la conducta de los servidores públicos en el desempeño de sus funciones.

El marco normativo de la responsabilidad y transparencia administrativa lo componen fundamentalmente la propia Constitución, y sus leyes que se vincula con la transparencia y la ética la responsabilidad y transparencia de los servidores públicos.

En México los niveles de corrupción e impunidad son inaceptables, los esfuerzos realizados hasta la fecha no han sido suficientes. Por lo tanto el gobierno de recién inicio (2000-2006), ha establecido el Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción, como prioridad para dar mayor transparencia a la gestión pública y combatir la corrupción y la impunidad. Dicho programa tiene por propósito los siguientes objetivos: a) prevenir y abatir prácticas de corrupción e impunidad, b) controlar y detectar focos de corrupción, c) castigos y sanciones reales para quienes practican actos deshonestos y, d) crear una nueva cultura ética con la participación de la sociedad civil y política.

Adicionalmente, para fundamentar este tipo de acciones se integra el Programa de Innovación Gubernamental la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y Combate a la Corrupción, que responde al interés de contar con una instancia colegiada permanente que contribuya a la solución de los problemas de corrupción. Con ello se pretende recuperar la confianza y credibilidad de la comunidad política hacia su gobierno ante la ciudadanía, así como la Ley de Transparencia a la información con el Propósito de combatir la corrupción en los Servidores Públicos, la cual entra en vigor a partir del 12 de junio de 2003.