Ajuste estructural y reducción del gasto público 1998-2002 : ¿qué ha pasado y cuáles son las perspectivas?

Abstract

Desde 1998 Colombia comenzó un proceso ajuste fiscal, convertido en ajuste estructural de las finanzas públicas al suscribirse del acuerdo extendido con el Fondo Monetario Internacional en 1999; que ha implicado la adopción de políticas, al alrededor de tres ejes: supresión de rigideces presupuéstales y fuentes de gasto público de mala calidad, mejora de los instrumentos de control de gasto (en especial la Contraloría) e incremento de ingresos públicos.

En fase inicial, el proceso se centró principalmente en las finanzas territoriales, con modificaciones al sistema pensional territorial y su capacidad de endeudamiento y saneamiento fiscal de las entidades territoriales, que generaron importantes restricciones en la autonomía territorial, por el reforzamiento del modelo principal-agente en desmedro de la escogencia pública local y, por que no obstante haber pasado por instancia Democrática formal -el Congreso- difícilmente puede calificarse este proceso como democrático.

Al respecto hay dos valoraciones contrapuestas. Según primera, el ajuste es imposición del Fondo Monetario Internacional y ahoga el crecimiento económico. En la otra, a la inversa, el proceso no representa imposición alguna del FMI, entidad que simplemente apoya un reordenamiento fiscal que no podía haberse orientado de otra manera y ha sido positivo para el país.

Sin embargo, al examinar los efectos de las principales reformas adoptadas entre 1998-2002 en el área de gasto, consideramos que la verdad no corresponde a esas posiciones extremas, que ignoran, de un lado, (i) que evidentemente había necesidad de ajustar las finanzas públicas, en especial las territoriales a riesgo de hacerlas inviables y de otro, (ii) que las características del proceso habrían podido ser diferentes, que el Gobierno Central no ha sido efectivo al reducir su gasto y el retardo en ciertas reformas en especial la relativa al sistema general de seguridad social y al conjunto del sistema tributario y que de hecho el país no esta creciendo al ritmo necesario.

Por ello, es indispensable retomar el análisis de aspectos políticos que explican las características del ajuste mucho mejor que las visiones ideológicas. En tal sentido, hay que hacer relación a importantes fenómenos de captura de rentas por grupos privilegiados, a un clientelismo (patronazgo) político que se adaptó a la nueva Constitución mejor de lo que muchos esperaban y a la ineficacia de los mecanismos de participación ciudadana, sin los cuales, es necio pretender que tenga éxito la descentralización. El verdadero ajuste a las finanzas pasa por una reforma política profunda, en materia de participación ciudadana, organización y financiamiento de partidos y organización territorial. Sin ella, el ajuste será superficial y las cargas del mismo no repartirán equitativamente.