La ética como una cultura para la profesionalización en el servidor público

Abstract

La cultura en la ética en administración pública la podemos interpretar como la acción que comprende determinados conocimientos, experiencias, prácticas o modos de hacer hábitos en quienes pertenecen al sector público a través de su gestión y sustentadas en determinados valores y convicciones compartidas por quienes forman la organización.

La contra parte de la cultura de la ética es la cultura de la corrupción en la profesionalización de los servidores públicos. Este mal añejo que ataña a los gobiernos, lo peor que le puede pasar a una sociedad es que quienes delinquen tengan la idea de que no hacen nada malo, y esto es peor aún cuando una parte significativa de quienes se enteran del delito tienen una idea similar.

Ante esta problemática circunstancial se puede afirmar, que se está en crisis la cultura de la ética en la administración pública manifestándose en un serio desquebrajamiento de los valores éticos, se ha traspasado el umbral de la inmoralidad, o más certeramente, de que la amoralidad se ha perdido su credibilidad ante los gobernados.

En el México contemporáneo se le dio una mayor atención a este problema a partir del gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), con la creación de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, hoy Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, la cual tiene como misión fortalecer los sistemas de gestión y control, vigilar los derechos del ciudadano así como fomentar una cultura de la ética y atribuciones que interactúan en torno a la conducta de los servidores públicos en el desempeño de sus funciones.

El marco normativo de la responsabilidad y transparencia administrativa lo componen fundamentalmente la propia Constitución, y su ley que se vincula con la ética de los servidores públicos.

En México los niveles de corrupción e impunidad son inaceptables, los esfuerzos realizados hasta la fecha no han sido suficientes. Por lo tanto el gobierno de recién inicio (2000-2006), ha empezado un Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción, como prioridad para dar mayor transparencia a la gestión pública y combatir la corrupción y la impunidad. Dicho programa tiene por propósito los siguientes objetivos: a) prevenir y abatir prácticas de corrupción e impunidad, b) controlar y detectar focos de corrupción, c) castigos y sanciones reales para quienes practican actos deshonestos y, d) crear una nueva cultura ética con la participación de la sociedad civil y la sociedad política.

Adicionalmente, para fundamentar este tipo de acciones se integra la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y Combate a la Corrupción, que responde al interés de contar con una instancia colegiada permanente que contribuya a la solución de los problemas de corrupción. Con ello se pretende recuperar la confianza y credibilidad de la comunidad política hacia su gobierno.