La crisis de gobernabilidad de la V República
Resumo
En Venezuela, hasta la llegada del presidente Chávez al poder, el Sistema Político funcionó como un sistema de conciliación de intereses cupulares, en virtud del cual los cenáculos de los principales partidos políticos, esto es Acción Democrática (socialdemócrata) y COPEI (socialcristiano); y la más alta jerarquía de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), de la Federación de Cámaras de Comercio y Producción (FEDECAMARAS), de la Iglesia Católica y de las Fuerzas Armadas; negociaban la adopción de las decisiones más importantes del país. Esto con el tiempo produjo un sinnúmero de distorsiones que afectaron profundamente la calidad de una democracia que fue, finalmente, quedándose sin pueblo. Con la transformación institucional que generó el triunfo electoral de Hugo Chávez, el proceso constituyente, la posterior aprobación de la Constitución Nacional de 1999 y la nueva dinámica política signada por el agotamiento y casi desaparición de los partidos; el Sistema Político Venezolano empezó a girar alrededor de una sola voluntad: la del presidente, especie de "demiurgo" de un proceso y de un proyecto revolucionario caracterizado por no reconocer interlocutores ni valorar el diálogo. El presidente debió sufrir en carne propia una intentona golpista, para llamar a un proceso de diálogo y rectificación que apenas comienza. Los sucesos de abril del 2002 descubrieron, en toda su magnitud, una severa crisis de gobernabilidad que a su vez genera atrofia institucional y una marcada incapacidad para estimular la reactivación económica y la inversión privada. Todo ello agravado por la existencia de manifestaciones de violencia, inestabilidad y aumento de la conflictividad social, que han provocado un cambio de actitud de buena parte de la población hacia la autoridad política. Esta crisis de gobernabilidad afecta, por tanto, el rendimiento del sistema y la producción de resultados favorables en cuanto al mejoramiento de los indicadores sociales más importantes. Estamos en presencia de una situación en la que destaca la desinstitucionalización de la vida política; la intolerancia y pugnacidad de los grupos enfrentados; el copamiento militar de la administración pública; la impunidad y la incapacidad gubernamental para implementar políticas públicas eficientes y eficaces que impulsen el mejoramiento de los niveles de vida del 80% de la población que vive en situación de pobreza. Por todo lo anterior sostenemos que la construcción del presente y futuro del país no puede hacerlo de manera solitaria y excluyente ningún sector por poderoso que sea. Este es un asunto de todos y la mejor forma de hacerlo es en democracia, en actitud dialogante y tolerante.