La institucionalización de la participación en la administración local. Opciones reales más allá del discurso: el caso de Guatemala

Abstract

Los procesos de descentralización en Latinoamérica cuentan, entre otros, con un reto importante, recuperar la institucionalidad democrática de países con experiencias de décadas de regímenes dictatoriales y de modelos de gobierno verticalistas y centralistas. En los países unitarios como Guatemala, a diferencia de los federados, será la municipalidad la que reciba directamente el mayor peso relativo en el reparto de responsabilidades en este sentido. La "participación" de la población en general y de sectores específicos, hasta la fecha marginada de los fenómenos políticos, se considera como la clave esencial sin la cual las nuevas democracias no alcanzarán su objetivo de acercar al Estado y a la Sociedad.

Sin embargo, ¿qué es lo que se entiende por participación, cuales son las facetas, grados, modalidades e indicadores de la misma?. Suele darse en la práctica política poca reflexión en torno a como conviven los presupuestos de la participación ciudadana con sistemas electorales limitados en su capacidad de representación.

La crisis de la democracia representativa que se vive en Latinoamérica no se supera superponiendo modelos de democracia representativa. Nuestra región necesita terminar los procesos institucionales para poder asegurar que la participación de la sociedad civil o participación ciudadana pueda tener sus frutos. La postura según la cual el fortalecimiento del carácter participativo de la democracia es imprescindible para la consolidación de la democracia representativa en contextos precarios como los nuestros se choca con la realidad. Según el punto de vista que se vendrá manteniendo en estas páginas, mientras que las democracias Latinoamericanas no sean lo suficientemente representativas, los esfuerzos por promover la democracia participativa serán esfuerzos baldíos y la capacidad de incidir en la formulación y ejecución de políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos prácticamente insignificante.

Proponemos el estudio de caso de Guatemala, un país con una experiencia dolorosa de largos años de guerra interna y de ausencia de estructuras democráticas. Con la recuperación del proceso democrático en 1985 y la firma de los Acuerdos de Paz en 1996 se abrieron espacios de participación social y política al sector indígena tradicionalmente marginado y a la población en general. El municipio, en su sentido amplio, se perfiló como un espacio idóneo para institucionalizar las nuevas relaciones estado - sociedad que se debían de dar en una nueva época de libertades. Haremos un repaso por la experiencia de los quince últimos años en materia de institucionalización de expresiones de participación e intentaremos entresacar experiencias exitosas más allá del discurso.