Problemática ambiental y derecho ambiental

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Data
2001-11Autor
González Parodi, Gretchen Angélica
Metadata
Mostrar registro completoResumo
En los últimos años encontramos a una marcada preocupación por todo lo relacionado con lo ambiental escala planetaria. Estas preocupaciones se manifiestan en diferentes niveles de gobierno de países desarrollados y subdesarrollados, como en las organizaciones privadas y en las de carácter internacional. El creciente surgimiento de organizaciones con propósitos ecologistas, así como las distintas posturas que adopta el poder legislativo y la normatividad en las entidades públicas son pruebas que refrendan la preocupación que existe en torno a la temática ambiental en los años que corren. Por otro lado, también encontramos a una sociedad civil con mayor grado de información, preocupada, la que demanda un ambiente más sano como uno de los medios para la mejorar realización de sus vidas. Gran parte de esta población, al mismo tiempo está preocupada y comprometida con un desarrollo económico, social y ambiental equilibrado y sostenible que le permita hacer uso de los múltiples recursos naturales, producir, consumir y también legar a las generaciones de sus descendientes un ambiente más sano justo y disfrutable. Pero existe otra realidad en la que a pesar de las preocupaciones manifiestas existe una marcada alteración y degradación del ambiente, que trae consigo reducción de la biodiversidad y en la calidad de vida de los hombres. Esto también se aprecia a escala planetaria. Esta situación genera cuestionamientos como: ¿Entonces, qué sucede? Los organismos internacionales, los grupos sociales, los Estados, los gobiernos locales se preocupan por la calidad del ambiente y este no mejora, por el contrario se evidencian deterioros y empeora su calidad, (aire, suelo, agua, etc. animales fauna hombre pobreza) ¿Dónde buscar la respuesta y encontrar las alternativas de solución? Para ello, un camino será contar con estructuras gubernamentales fuertes (por lo democrático y racional) y con la adecuada distribución de competencias, para sumir las obligaciones irrenunciables del Estado en materia ambiental y con capacidad para complementar el apoyo jurídico nacional e internacional y preferentemente de las contribuciones que aporta el derecho ambiental.