La descentralización en la reforma educativa en Argentina. ¿Política educativa o política fiscal?

Abstract

Se discute la validez de la política de descentralización en la reforma educativa en Argentina, considerando la aceptación pasiva de la transferencia por parte de las provincias en un marco de indiferencia de la sociedad. Se plantea la vinculación de la reforma educativa con la política fiscal, y se ubica el proceso en el contexto del desmantelamiento del Estado de Bienestar.

La transferencia de competencias en el área de la educación en Argentina puede analizarse como proceso descentralizador, en el marco de una reforma que a su vez se inscribe en el proceso de una profunda reestructuración del Estado. En una primera fase, la reforma educativa consistió en devolver a las administraciones provinciales las escuelas medias y técnicas y los Institutos de Formación Docente que gestionaba la Nación. En una segunda fase, con la sanción de la Ley Federal de Educación, se propone reconstruir un sistema federal educativo con énfasis en la calidad y la equidad, a través de la ampliación de la escolaridad obligatoria, el incremento de los recursos financieros y la definición de nuevas funciones para el nivel central.

La provincialización de los subsistemas de educación media y terciaria involucró a una importante población y a una masa significativa de recursos financieros y humanos. Los problemas previsibles se derivaban de la relevancia cuantitativa del proceso, así como de sus complejidades como operativo financiero y administrativo, y fundamentalmente como hecho político.

Sin embargo, el traspaso se llevó a cabo sin contratiempos y en el marco de la indiferencia de la sociedad. Más que una descentralización en la que un sujeto activo reclama y es capaz de asumir con éxito nuevas competencias, el proceso argentino se limitó a una devolución a los actores provinciales, quienes se hicieron cargo administrativamente del servicio, sino que existiera la capacidad de gestión ni los recursos humanos y financieros necesarios.

La transferencia fue motorizada por el Ministerio de Economía de la Nación, sobre la base de consideraciones de política fiscal, en el contexto de las restricciones financieras que resultaron de las hiperinflaciones de 1989 y 1990, y de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional sobre el ajuste de las cuentas públicas. Las intenciones de provincializar servicios como los educativos, de alto costo, de difícil gestión y de baja eficiencia, se hicieron presentes desde el inicio del gobierno del presidente Menem, a efectos de facilitar el achicamiento de un Estado que no podía cumplir con las funciones de Bienestar.

La inexistencia de objetivos de política educativa desde el origen de la decisión explica la escasa consideración que tuvieron los aspectos curriculares y pedagógicos. Las posturas que se opusieron a la transferencia operaron fundamentalmente en el nivel discursivo y los conflictos pivotearon sobre intereses sectoriales y particulares conservadores, y no en planteamientos innovadores para el logro de mejores resultados educativos. La aceptación unánime de la transferencia puede explicarse en parte por la salida de la crisis de los años 1989 y 1889, así como por los resultados de las negociaciones entre las organizaciones sindicales y los gobiernos provinciales. C.S.