Enfoque metodológico para la implantación de las políticas públicas

Abstract

No existen datos que puedan informar sobre cuantas organizaciones públicas aplican con claridad sus líneas de actuación en desarrollo de sus políticas. Es evidente que una cosa es plantear lo que se quiere hacer y otra, muy distinta, lo que realmente se hace.

El Estado, a través de los diferentes ámbitos en los que despliega su actividad: Central, Departamental, regional, provincial, local y en el plano organizativo a que nos referimos y que se personifica a través de las Administraciones públicas, existe en la medida en que ha de cumplir una serie de fines.

Hoy, en los comienzos del nuevo milenio, tampoco se consideran los fines del Estado similares a los que se podían plantear en las últimas décadas conforme a los nuevos paradigmas que se van construyendo paulatinamente como consecuencia de la globalización.

Establecimiento de fines y adecuación de la organización y capacidades de quienes han de intervenir en la ejecución de aquellos. En ambos planos el acierto de las personas que intervengan es fundamental. En el primero, los titulares del poder político, o los dirigentes de los partidos políticos, como grupos ideológicos de transformación y desarrollo social, son quienes imaginan y transmiten las soluciones a los problemas de cada colectividad, cuando, mediante la definición de las políticas públicas y acciones de gobierno, concretan aquellos fines; en el segundo, las capacidades gestoras, el talento, de quienes asuman las responsabilidades administrativas y son quienes han de implantar aquellas políticas.

Es evidente, que cuanto más certera sea la coincidencia entre los programas, la colectividad a la que se dirijan, y la existencia de capacidades para implantarlos, como factores estratégicos que deben ser tenidos en cuenta, más será el nivel de desarrollo y el grado de satisfacción social. Lo contrario, la lejanía de los programas con la realidad y la inexistencia de capacidades para la implantación, propicia el derroche de los créditos públicos, facilita la corrupción como buena aliada de la confusión que las incoherencias entre fines, realidades y capacidades propicia.

La Misión del Estado, de cada Estado, en fin, ha de orientarse hacia la búsqueda y generación de las condiciones necesarias, del equilibrio de las relaciones que se articulan entre las necesidades de la colectividad, las políticas prioritarias consecuentes y las capacidades organizativas y de talento para la puesta en práctica de dichas políticas.

Al final, la acción de gobierno, en el ámbito territorial de que se trate, ha de traducir a hechos de transcendencia social las políticas públicas previamente formuladas.

Y, es evidente, como sugiere Medellín Torres, que son numerosas las causas que pueden dar a conocer "cuales son los problemas que se le presentan al gobernante en la conversión de sus ideas en acciones de gobierno. Uno de dichos problemas está claramente ubicado en el plano organizativo público en el que se desarrollan los acontecimientos.