Rol del Estado en el proceso de reforma de la seguridad social en Venezuela

Abstract

A partir de la década de los 80 algunos países latinoamericanos, guiados por programas de ajustes macroeconómicos de corte neoliberal, propiciaron la reforma de sus sistemas de seguridad social para poder ajustarlos a las exigencias de la nueva ordenación de la economía mundial que propugna el no-intervencionismo del Estado en el ámbito económico y la minimización de su acción en lo social. Venezuela intenta inscribirse en esa corriente reformista en el año 1989, pero es en 1997 que lo logra, bajo las mismas condiciones y exigencias del resto de los países. Analizar la reforma de la seguridad social en Venezuela y el rol del Estado en ese proceso, es el objeto de la presente ponencia, la cual da cuenta de una experiencia que puso al descubierto la precariedad de la reforma del Estado en lo relativo a uno de sus principales propósitos: acentuar la democracia.

El proceso que se siguió cerró los espacios de interlocución con las organizaciones sociales y sólo otorgó participación ciudadana a un núcleo de factores de poder conocido como Comisión Tripartita para la Reforma de la Seguridad Social (integrada por las cúpulas dirigentes del sector empresarial, sindical y por el Ejecutivo Nacional), quien asumió, inconsulta y antidemocráticamente, la potestad de decidir cambios en la protección social del país. La reforma puso de manifiesto que los conceptos centrales que manejan las políticas neoliberales en lo relativo a la gestión de los servicios públicos, son la privatización y la descentralización.

En el primer caso, se argumentó la ineficiencia e ineficacia del Estado en la gestión del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, principal instrumento público de seguridad social, lo cual justificó la propuesta de modelos privatizadores a través de las administradoras privadas de fondos de pensiones y de empresas aseguradoras en el subsistema de salud; acentuándose así la exclusión de amplios sectores de la población.

En el caso de la descentralización, se pretendió transferir a los estados y municipios algunos de los servicios públicos (salud básicamente), con lo cual se podría favorecer los procesos democratizadores, no obstante, la propuesta implicaba desigualdades regionales, en tanto son muy pocos las regiones del país que podían asumir las atribuciones que le confería la ley en esa materia.

Por decisión del nuevo gobierno (1998), las leyes aprobadas no han entrado en vigencia para poder hacer las reformas pertinentes y ajustarlas a la nueva Carta Magna; aquí es propicia la ocasión para que el Estado abra espacio de intercambio con las organizaciones sociales para garantizar que la reforma de la seguridad social refuerce un proceso democratizador que incluya la participación ciudadana en las instancias de control, vigilancia y supervisión del sistema y extienda los beneficios a toda la población.