Reforma fiscal y consolidación de la descentralización del Estado
Resumo
El establecimiento de nuevas formas de dirigir al Estado tiene como propósito fundamental la búsqueda del desarrollo económico-social dentro de un proceso democrático impulsor de la participación de los niveles de gobierno nacional y subnacionales en la toma de decisiones. Entre otros objetivos, las reformas deben consolidar la presencia de equilibrios macroeconómicos sostenidos en el tiempo que impulsen la inversión privada y pública, acrecentando la competitividad de los países. La descentralización en este contexto, concebida más como un proceso político que como una forma simple de administración del territorio, constituye un instrumento fundamental para la transformación del Estado porque, al eximirlo de la prestación de muchos servicios y actividades, le permite a éste dedicarle más atención a lo que constituye su razón de ser y existir, tales como los asuntos del comercio exterior, la administración nacional y las políticas económicas nacionales. La experiencia del proceso de descentralización en Venezuela evidencia que se ha producido una desconcentración de recursos hacia las regiones y localidades, la cual no ha venido acompañada de una suficiente transferencia de poderes y de competencias. Esta práctica, paternalista a todas luces, tiene por consecuencia incrementar la rigidez de las finanzas públicas nacionales y levantar barreras al proceso descentralizador, impidiendo la renovación de la gestión pública y la necesaria democratización que debe existir en la conducción de la sociedad actual. Surge entonces la necesidad urgente de discutir en torno a los mecanismos necesarios para la transferencia de poder tributario a los Estados y Municipios. En esta dirección las propuestas actuales de transferencia tributaria apuntan hacia el establecimiento de impuestos indirectos (al consumo de gasolina, al consumo local y otros) y de impuestos directos (en la forma de sobretasa al impuesto sobre la renta de personas naturales). Gobernadores y alcaldes han venido desarrollando estrategias para lograr estas potestades ante la incapacidad de afrontar los compromisos derivados de la asunción de competencias. No obstante, la transferencia de poder tributario aisladamente es obviamente insuficiente para fortalecer la descentralización fiscal y dinamizar el proceso descentralizador como un todo, cuando se tiene una economía que es muy volátil debido a la dependencia fiscal de los ingresos petroleros. Adicionalmente, la carga de la deuda pública nacional, externa e interna, introduce rigideces inconvenientes. En síntesis, la continuación firme del proceso descentralizador demanda la transferencia de poder tributario y la revisión de la estructura fiscal del Estado.