Nueva gestión administrativa judicial

Abstract

En nuestro proceso de diseñar y mantener un entorno en el que, trabajando en grupo, los individuos cumplan eficientemente objetivos específicos, para lo cual, a nuestro parecer, se requiere un 10 por ciento de ciencia y un 90 por ciento de arte, debemos destacar que la administración que nos compete ejercer, recae sobre instituciones que tienen como objeto brindar un servicio público de gran envergadura y sobre el cual se edifican las naciones, es decir, la administración de justicia.

Las instancias responsables de los servicios de apoyo administrativo del Organo Judicial estarán a cargo de la Secretaría Administrativa, la cual tiene dentro de sus funciones, la de planificar, organizar y coordinar las actividades administrativas para el buen funcionamiento de las distintas dependencias del Organo Judicial; desarrollar los planes necesarios para elaborar proyecciones que definan o identifiquen los insumos materiales, tecnológicos, de información, además de los recursos humanos que requiere el sistema para operar en condiciones de eficiencia y eficacia a corto, mediano y largo plazo; estudiar, analizar y proponer métodos científicos de trabajo y proyectos de organización conforme a los requerimientos del Organo Judicial y diseñar los sistemas y estrategias que posibiliten la aplicación y desarrollo de las políticas generales establecida por los órganos de decisión.

Para el período fiscal de 1999, se nos fue asignado un presupuesto de funcionamiento por el orden de US$ 31,880,300.00, de los cuales para cubrir sólo gastos en concepto de servicios personales y transferencias corrientes se invierten US$ 27,713,300.00, lo que representa un 87 por ciento del mismo. Contamos entonces con sólo el 13 por ciento de nuestro presupuesto de funcionamiento, es decir, con US$ 4,167,000.00, para atender todo lo que el Organo Judicial requiere para los rubros de servicios no personales, maquinarias, equipos, materiales y suministros.

Por ende, la mora judicial evidentemente no puede, ni debe considerarse un problema producto de falta de celeridad en las actuaciones procesales o por la selección de un errado sistema administrativo, sino en una carencia financiera para enfrentar la demanda que el pueblo panameño nos hace para que cumplamos con la constitucional obligación de que la administración de justicia sea expedita.

Frente a tan caótico panorama, cabe destacar que una luz al final del túnel, se ha estado vislumbrando en los últimos 2 años, gracias al Contrato de Préstamos que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a suscrito con la República de Panamá, dentro del marco del "Programa de Mejoramiento de la Administración de Justicia", la que tiene como objetivo mejorar la calidad de los servicios jurídicos y judiciales del país, a fin de fortalecer la vigencia efectiva del Estado de Derecho y a su vez, ejecutar una nueva gestión administrativa judicial, esto a un costo estimado de US$ 27.000.000; con ello pretendemos iniciar nuestra nueva gestión Administrativa Judicial.