El proceso de reforma del Estado en el Uruguay
Abstract
El transcurso de una década de reforma del Estado en el Uruguay, demuestra claramente la voluntad política de las diferentes fuerzas partidarias de llevar adelante un proceso de transformación y de modernización de la Administración Pública. Pese a la rotación de los partidos políticos en el gobierno, o justamente por la madurez que ello supone, los esfuerzos se han continuado desarrollando, se han profundizado y logrado cambios importantes fundamentalmente en la cultura organizacional. Lo que alienta la esperanza de alcanzar nuevas metas. Otro aspecto importante, es el que se relaciona con el enfoque dado al proceso. Un enfoque basado en lo sustantivo de carácter gradualista. Estimando que los cambios profundos no se pueden introducir de un día para el otro. En definitiva, que la Reforma del Estado es una política de Estado, que va más allá de lo que pueda hacer un gobierno en un período determinado. La sustancial mejora de la política macroeconómica, con un crecimiento constante del PBI de un 4 por ciento anual, con una sustancial rebaja del déficit fiscal, con una clara tendencia a la baja de la inflación anual que en 1997 se habrá de situar en un 16 por ciento anual aproximadamente, un importante desarrollo del comercio exterior y una apertura de la economía mediante la rebaja de aranceles, dan una pauta muy clara de que en diez años se han logrado controlar los problemas que afectaban a la economía uruguaya y que impedían el desarrollo económico. La integración regional con Argentina, Brasil y Paraguay a través del Mercosur, le ha permitido al Uruguay mejorar su competitividad y ampliar su comercio exterior. Es indudable que Uruguay ha dado pasos muy importantes en el proceso de modernización del Estado, tanto en la política de personal, como en materia de estructura organizativa. Es así como se privatizaron servicios, se transformaron empresas públicas, se está reestructurando a la Administración Central. Se han dictado normas legales y reglamentarias, tendientes a racionalizar estructuras y procedimientos, como por ejemplo en materia de compras y procedimiento administrativo. Pero lo más importante de este proceso de cambio, es la preocupación por la mejora de la calidad de los servicios públicos, extremo que sólo puede cumplirse con la colaboración de un personal motivado y formado con criterio de excelencia. La reforma del Estado debe hacerse con los funcionarios y no contra los funcionarios. Pero el destinatario de esta reforma es la ciudadanía, que es la que tiene el legítimo derecho a recibir la prestación de los servicios públicos con la mayor calidad y excelencia posibles. Finalmente, cabe señalar que la reforma uruguaya abarca no sólo a la Administración Pública, sino que también se procura la reforma del sistema político, del sistema educativo y de la seguridad social. Esto demuestra el enfoque global que se ha dado a la reforma del Estado, asignándole una importancia no sólo desde el punto de vista económico, como un problema de reducir los costos del Estado, sino también de carácter político y social, es decir de eficiencia, de calidad total y de excelencia. Sin duda alguna, es un desafío para el Uruguay reformar el Estado, porque de ello dependerá, en buena medida, el desarrollo económico y la justicia social, sin los cuales es impensable la consolidación de la democracia como sistema político.