A propósito de un modelo de implementación de política pública social para las víctimas de delitos sexuales y violencia doméstica en Panamá

Abstract

En la Carta Iberoamericana de la Calidad en la Gestión Pública del CLAD, aprobada por la X Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, donde se hace mención a que toda gestión pública, entendiendo dentro de dicha gestión la implementación de Políticas Públicas, debe procurar la satisfacción de las mayorías y orientarse a resultados; agregamos nosotros, que sean eficientes y medibles. Ese proceso de identificación, formulación, implementación y medición de las políticas públicas, se requiere la participación de los ciudadanos, puesto que todos se verán beneficiados con la puesta en marcha de políticas públicas correctas, ya sea como usuarios o beneficiarios.

La tendencia de la administración pública actual va dirigida hacia la implementación de sistemas de gestión de calidad, enfocada hacia la atención del ciudadano (objeto de la administración) y el perfeccionamiento del funcionario (sujeto de la administración).

El Estado está obligado a proteger y garantizar el ejercicio de derechos de las personas en igualdad de condiciones y sin discriminación de ningún tipo, sea por razón de sexo, raza, etnia, edad, creencia religiosa, género o ideología política.

Sobre la base del principio que el acceso a la justicia es un derecho humano que constituye un elemento fundamental para garantizar el derecho al desarrollo, así como a la vida misma, pretendimos, con acierto gracias a Dios, evidenciar los factores que inciden negativamente en la prestación de una atención expedita, eficiente e integral en los casos de víctimas de los Delitos Sexuales y Violencia Doméstica.

Esta iniciativa tiene como principal actor al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que es una institución científica de gobierno, cuya función principal es cumplir las órdenes que le imparta la autoridad para realizar evaluaciones medico legales e investigaciones criminalísticas.

Antes de la implementación de esta política pública, una víctima de delito sexual o violencia doméstica debía enfrentar una innumerable lista de trámites burocráticos, convirtiéndose en víctima también del sistema, y al final termina por agotarla y se aparta del proceso judicial. Luego entonces, los administradores de justicia, por falta de pruebas o pruebas deficientes, terminan absolviendo a los responsables o archivando los expedientes.

En su mayoría estas víctimas son personas con escasa capacidad económica y un gran porcentaje de ellas tienen un bajo nivel de escolaridad, lo que los convierte en seres humanos aún más vulnerables al abuso y mal trato, no sólo de sus victimarios, sino inclusive hasta de los funcionarios de quienes deben recibir una atención más humana.

Otro aspecto a considerar es el hecho que este tipo de delitos requiere para su acreditación e imputación de cargos, contar con las pruebas que garanticen el encausamiento del agresor. Lo anterior demanda la recolección de los indicios en forma adecuada y en tiempo oportuno.