Política Nacional para la Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas: descentralización y participación de la sociedad civil

Abstract

A nivel mundial, Colombia es uno de los países con mayor desplazamiento interno de la población por causa del conflicto armado. Según cifras de la Unidad de Atención y Reparación para las Victimas -UARIV el número de personas desplazadas llegó a ser de 4.7 millones de colombianos, lo que equivale al 10% del total de la población del país. Adicional al fenómeno del desplazamiento, existen otros hechos victimizantes producto del conflicto armado que atentan en contra del goce efectivo derechos de la población. Estos hechos son: homicidio - masacre, desaparición forzada, amenazas, delitos contra la libertad y la integridad sexual, secuestro, tortura, despojo y/o abandono forzado de bienes muebles e inmuebles, consecuencias fruto de minas antipersona, munición sin explotar y artefactos explosivos improvisados,vinculación de niños, niñas y adolescentes a actividades relacionadas con grupos armados y los efectos derivados de actos terroristas, atentados, combates, enfrentamientos y hostigamientos.

Ante esta grave problemática el gobierno nacional ha promovido por cerca de 15 años varias acciones para dar atención a las víctimas del conflicto armado. Entre estas acciones se destacan la promulgación de la Sentencia T025 de 2004, en la cual al Corte declara formalmente el Estado de Cosas Inconstitucional relativo a las condiciones de vida de la población desplazada, las leyes 387 y 418 de 1997, 975 de 2005 y 1190 de 2008, así como la creación reciente de la Ley 1448 de 2011 mediante la cual se reconocen los derechos de las víctimas del conflicto armado y se sientan las bases para la implementación de la Política Nacional para la Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Victimas.

A través de este artículo se busca analizar cómo se ha implementado la Política Nacional para la Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Victimas, haciendo énfasis en el papel que desempeñan las instituciones del Estado, el sector privado, las ONG y la sociedad civil. Para ello, se hace un recuento sobre la situación del conflicto armado en Colombia para luego profundizar en el tema relativo a la descentralización de la política y a las estrategias de organización y participación efectiva de las víctimas en el diseño, implementación, ejecución y sentimiento de cumplimiento de leyes, planes y proyectos.