Incorporación del criterio de sustentabilidad en el nuevo Reglamento de Contrataciones Públicas en Argentina

Abstract

Las compras públicas sustentables en la Argentina se enmarcan en las políticas de inclusión social del Gobierno nacional, que buscan insertar a los sectores más carenciados de nuestra población en el mercado laboral activo, recuperar el trabajo y, a través de éste, la dignidad. El concepto de desarrollo sustentable ha sido ampliamente difundido en las últimas dos décadas, sobre todo a partir de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (CNUMAD conocida también como Río 92).

El concepto de sustentabilidad se basa en el imperativo de garantizar la disponibilidad de los recursos del planeta para nuestros descendientes; una gestión que contemple la protección ambiental, la justicia social y el desarrollo sostenido de la economía en nuestras sociedades. No basta con reducir la presión sobre los recursos naturales: deben además garantizarse la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos y la prosperidad de los sectores productivos para que ciudades y naciones se desarrollen con equilibrio, hoy y en el futuro. Para ello es necesario un esfuerzo concertado, en el que los gobiernos desempeñan un papel fundamental.

Considerando la importancia de la temática, en el nuevo Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración pública - aprobado por el Decreto N° 893/2012 - se incorporó un Título sobre compras públicas sustentables, donde se promueven mecanismos para incentivar la presentación de ofertas que incorporen criterios de sustentabilidad.

Se establece que la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES desarrollará mecanismos que promuevan la adecuada y efectiva instrumentación de criterios ambientales, éticos, sociales y económicos en las contrataciones públicas y, asimismo, elaborará modelos de pliegos particulares para determinados bienes o servicios específicos indicando los criterios de sustentabilidad que deberán cumplir, los que serán de utilización obligatoria para las jurisdicciones y entidades contratantes. Además, podrá exigir que en los pliegos de bases y condiciones particulares que los organismos contratantes aprueben se incluyan cláusulas con determinados criterios de sustentabilidad específicos.