Programa formativo en gestión informacional para CIOs públicos de Iberoamérica
Abstract
Ante la vertiginosa incursión de las TIC en todos los sectores de actividad, se manifiesta una propensión a tratar las cuestiones vinculadas a la información con una perspectiva sesgada por las tecnologías para procesarla. Un claro indicador de esta tendencia reside en que nuestras administraciones públicas están delegando las cuestiones atinentes a la información pública y su gestión en los denominados Chief Information Officer "CIO" -supuestos Ejecutivos de la Información- mientras que éstos se posicionan hoy sólo como responsables de Tecnologías de Información (TI), exhibiendo actitudes, perspectivas y lógicas que abstraen cuestiones fundamentales relativas a atributos y requerimientos sustanciales de la información, su gestión y su interpretación. Dicho sesgo -con el consecuente truncamiento de la realidad percibida y registrada- resulta particularmente disfuncional en el sector estatal, dada la responsabilidad de éste por la gestión de información que propicie y favorezca la satisfacción de necesidades concretas para el desarrollo de las personas y las comunidades. Hoy puede percibirse que el foco del CIO centrado en la tecnología des-focaliza cuestiones centrales de la información pública, distorsiona su gestión y desvía su atención de cuestiones claves de su quehacer institucional e informacional. Tales distorsiones propician la supervivencia -si no la agudización- de la tradicional problemática GIGO (Garbage In, Garbage Out) en nuestras Administraciones, la cual podría vulnerar la concreción de las promesas asociadas a las Sociedades de la Información, al Gobierno Abierto y a las TIC para el Desarrollo. El programa formativo de la RIF-GE se funda esencialmente en la prioridad de revalorizar -en las administraciones públicas- la perspectiva y el foco informacional, con particular atención al conjunto de actores, destinatarios, requerimientos, recursos, procesos, redes y flujos de información asociados a la adopción de decisiones, a la prestación de servicios y al control y evaluación del accionar público. Propugna la formación de un CIO estatal que -desde el ámbito nacional, regional, local o institucional- sea un auténtico adalid de la información y de su gestión en función de las necesidades e intereses de los destinatarios internos y externos.