Oficinas anticorrupción del Estado y la participación ciudadana

Abstract

El presente trabajo aborda el tema de la lucha anticorrupción desde las instituciones del Estado y el modo en que estas pueden generar políticas de prevención y sanción de hechos de corrupción.

En este sentido, estudios sectorizados sobre los diversos mecanismos que la corrupción adopta en cada institución, permite dibujar panoramas más claros que posibiliten generar acciones concretas con resultados de impacto.

La creación de oficinas anticorrupción en las instituciones públicas se constituye una herramienta de trascendental importancia en la medida en que estas generen estudios sobre las formas de corrupción operantes en cada institución.

Estas oficinas también deben estudiar y difundir los impactos económicos y los costos sociales que la corrupción genera y desarrollar mecanismos de control sobre el estado patrimonial de funcionarios.

Entre las acciones más importantes que las oficinas anticorrupción deben desarrollar se encuentras las destinadas a promover la generación de políticas tendientes a recuperar activos detraídos de las arcas del Estado hacia el sector privado, de modo que la lucha anticorrupción no se base solamente en la sanción a los culpables de los hechos sino que logre cerrar el circuito devolviendo al estado los recursos para que estos cumplan sus fines sociales.

El Ministerio de Educación ha avanzado en la lucha institucional contra la corrupción incorporando la Dirección Anticorrupción a su estructura. La DAC viene realizando trabajos de investigación, prevención y control con resultados positivos para la institución.

No obstante su gran efectividad, las acciones que las oficinas anticorrupción de cada institución generen de forma aislada no alcanzarán el grado de sostenibilidad necesario, mientras no se formalicen redes interinstitucionales que articulen los esfuerzos. Esta instancia requiere un fuerte apoyo por parte de las máximas autoridades de cada institución.

En este sentido es necesario avanzar hacia la formación de redes interinstitucionales anticorrupción para la elaboración y puesta en marcha de un Plan Nacional, que tenga como bases sólidas el trabajo de las oficinas anticorrupción de las diversas instituciones que formen la red.

Finalmente, la participación ciudadana se constituye un factor de vital importancia en la lucha contra la corrupción. Las instituciones públicas deben promover acciones y dotar a la ciudadanía de herramientas que permitan el control y seguimiento de la gestión de las entidades. Deben también generar medios que faciliten la denuncia ciudadana y desarrollar mecanismos eficaces de atención a estas denuncias.