Cómo fortalecer el Alto Gobierno para mejorar el diseño, conducción y evaluación de políticas públicas

Abstract

Esta ponencia pretende incluir a la Contraloría, en el proceso de reforma del estado peruano en ese sentido esta investigación presenta una propuesta de reforma de la Contraloría que le otorgue valor público, de modo tal que permita elevar no sólo sus niveles de eficiencia y eficacia, sino también ponerse al servicio de los stakeholders.

Los stakeholders esperan que el Estado realice un gobierno efectivo y esto equivale a un mayor control de la corrupción y una mejora en el Estado de derecho. En este orden de ideas; es necesario que en los órganos de contraloría interna, se dé un cambio de enfoque que permita pasar de un control de revisión-sanción ex post, a un sistema preventivo que tenga como fin mejorar procesos y prácticas ex ante para evitar prácticas corruptas. Se necesita pasar del objetivo de encontrar lo que se hizo mal a una meta común de las instituciones públicas que busque responder a ¿Cómo podemos hacerlo mejor?

En la ponencia se plantea que una reforma de la Contraloría General de la República debe implicar necesariamente un análisis de la reforma del Estado y cómo está debe ser compatibilizada con el rol que debe cumplir en los diversos escenarios de la vida económica, política o social del país, sin que ello signifique una desnaturalización de la función de control que debe ejercer, ya sea ésta anterior a los procesos (un control orientador), de acompañamiento (control concurrente al proceso) o un control posterior (luego de finalizado el proceso).

A nuestro criterio, el éxito de la reforma que se implemente en la Contraloría General de la República, debe estar orientada a contar con una entidad cuyas funciones respondan a las necesidades de un Estado Moderno, con la capacidad de adecuarse a éstas, pudiendo estar referidas a la legalidad del proceso, a los sistemas administrativos u otros aspectos, independientemente del momento en que se ejecuta el control, ayudando a las entidades bajo el ámbito de sus competencias a generar valor público con lo cual autogenera valor público a su rol.

Nuestra propuesta coloca a los ciudadanos en el centro de toda la acción política y pública, es decir los coloca como eje fundamental en torno al cual se debe articular el ejercicio del poder público en las sociedades. Apostar por ello significa poner en valor una idea de ciudadanía que sea significativa; que refuerza su compromiso con la noción de derechos y deberes de ciudadanía; y que convierte a las instituciones como la contraloría en los primeros garantes de dichos derechos. Para ello será necesario introducir en la reforma prevista por ejemplo el uso de herramientas informáticas para satisfacer la demanda de control en temas que resultan siendo transversales a las entidades del Estado, generando mecanismos de auto control en las mismas, optimizando recursos para el desempeño de otras funciones de mayor envergadura.