Los desafíos en la institucionalización de la participación social en México: el caso de las leyes de desarrollo social

Abstract

En algunos países, la participación de la ciudadanía ha avanzado en su camino hacia la institucionalización, como una manera de pluralizar los procesos de formación de la voluntad política, reforzar el ingrediente democrático en la formulación de políticas públicas y permitir un mayor control público sobre el ejercicio del poder. En México, dichos pasos, aunque lentos, se han venido dando. La institucionalización de ciertos procesos de participación ciudadana en la legislación federal mexicana ya es una realidad. Por ejemplo, la Ley General de Desarrollo Social (decretada en 2004) da cabida a la participación social de manera activa en la planeación, ejecución, evaluación y supervisión de las políticas en materia social. No obstante lo anterior, la formalización de dichos mecanismos de participación no ha originado de manera automática, una eficiencia en su funcionamiento. ¿Qué es lo que ha fallado?. En este caso particular, dicha ley señala que las organizaciones sociales que deseen participar, deberán ser invitadas solamente mediante convocatorias públicas quedando, de cierta manera, sometidas a la iniciativa del Gobierno Federal. Así, de esta forma, la construcción de ciudadanía a través de la institucionalización de espacios públicos enfrenta el desafío de la "asimetría de la representación" (Cunill, 2007), donde solamente algunos sectores organizados (nuevamente bajo el comando del gobierno) pueden ser los interlocutores privilegiados del Estado. Aquellos actores sin poder, que atienden a causas y derechos, son los que suelen resultar excluidos de los procesos de formación de políticas públicas, sugiriendo que, la mera apertura e institucionalización de los espacios públicos, no garantiza su acceso.