Estatus de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública en la República Dominicana
Abstract
La Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, aunque es relativamente reciente, ha encontrado tierra fértil en la sociedad dominicana. Es así como vemos el esfuerzo hecho por las instituciones estatales responsables de su implementación, el número, en crecimiento, de oficinas de acceso a la información y el uso que está haciendo la ciudadanía de la citada ley. En primer lugar tenemos la conformación del llamado Comité Interinstitucional coordinado por el Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE).Lo comprenden, además,el Ministerio de Administración Pública (MAP), la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo (CJPE), la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información (OPTIC), el Instituto Nacional de Administración de Personal (INAP), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción (CNECC). Como fruto de la labor del Comité Interinstitucional se pasó, en un año de una Oficina de Acceso a la Información a catorce oficinas formalmente instaladas e inauguras. Para darle un soporte técnico más fuerte se constituye, en el 2008, la Unidad Especializada de la Ley 200-04.Esta unidad, coordinada por el Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE), está constituida, además, por: la Procuraduría General de la República (PGR) en el área técnico-legal y por la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información (OPTIC) en el área de investigación y monitoreo. La Unidad Especializada de la Ley 200-04, tiene funciones más amplias y especializadas que el Comité Interinstitucional toda vez que se encarga no tan solo de implementar, sino también de dar seguimiento a las ya creadas. Consolidándose de esta manera otro ejemplo de buenas prácticas, toda vez que ante la ausencia de un órgano rector la UE juega un papel de supervisión, seguimiento y capacitación. Supervisa, que en todas las instituciones estatales y en todas aquellas instituciones y organismos que reciben fondos públicos ya estén conformadas las Oficinas de Acceso a la Información Pública., ya estén nombrados los respectivos Responsables de Acceso a la Información Pública tal cual es el mandato de la ley. Da el seguimiento transitorio a los actores del sistema, se encarga de crear la uniformidad, de establecer un programa de divulgación, de asesorar y entrenar en la materia a todos los servidores públicos y a la ciudadanía en general. En la actualidad, y gracias al esfuerzo conjunto de las instituciones que integran la Unidad Especializada, se cuenta con 110 Responsables de Acceso a la Información designados, 90 oficinas de acceso instaladas y 20 en proceso de instalación. El tema de formación y sensibilización sobre la Ley 200-04 ha jugado un papel preponderante durante todo el proceso, así vemos como se ha desarrollado múltiples jornadas con los y las Responsables de Acceso a la Información, funcionarios de instituciones públicas, estudiantes y profesores universitarios y gremios profesionales. La sociedad civil organizada ha hecho suya la implementación de ley, observándose el papel realizado por Participación Ciudadana, organización que ha establecido un observatorio permanente sobre la implementación y aplicación de la Ley 200-04. Para finalizar, se han presentado algunos desafíos y recomendaciones en donde cabe destacar la necesidad de contar con un Órgano Rector de la Ley 200-04, definición y aprobación oficial del perfil de los y las Responsables de Acceso a la Información y estandarizar las informaciones ofrecidas en los portales de transparencia de las distintas instituciones públicas.