La construcción de la ética pública a partir de la rendición de cuentas societal

Abstract

La ética es un saber práctico que se construye socialmente en la búsqueda de un proyecto de convivencia. En este sentido, la ética pública es un saber que orienta la acción de las personas que trabajan en las agencias gubernamentales gestionando los asuntos colectivos.

La gestión pública será ética cuando atienda a sus objetivos de crear bienes y valor públicos y coadyuvar al logro de las aspiraciones de la sociedad. Pero ¿quién y cómo decide los problemas a atender, con qué políticas específicas y no otras? Y más aún ¿quién define el interés colectivo y cómo saber si una acción genera valor para todos y no para unos cuantos? Estas cuestiones nos llevan al problema de la legitimidad social y política de la gestión pública y su control, para encuadrarla dentro del estado democrático de derecho y del marco de la ética cívica vigente en una sociedad.

En esta ponencia revisamos cómo se plasma la ética en el discurso y la gestión del gobierno de Nuevo León, una entidad del noreste de México, y el papel que juega la accountability social como mecanismo de control para orientar la gestión hacia el interés colectivo y la creación de valor público. Se revisa el caso de dos megaproyectos urbanos que han confrontado a actores gubernamentales y ciudadanos con planteamientos divergentes acerca de la manera en que la gestión de asuntos públicos genera o no valor público y atiende a las metas sociales. Los megaproyectos a los que nos referimos son el Arco Vial Sureste que implica un túnel en área natural protegida de la Sierra Cerro de la Silla, y el Estadio de Futbol Monterrey junto al área natural protegida del Nuevo Parque Ecológico La Pastora.

Las acciones de accountability social revelaron una gestión pública poco apegada a su finalidad de generar bienes y valor público; también evidenciaron que los controles intraestatales no actúan de forma automática, requieren del impulso de las denuncias. La lección parece ser que los ciudadanos están llamados a estar en alerta permanente, si quieren asegurar una gestión pública ética.