Análisis de los instrumentos de formación ética de los funcionarios públicos utilizados por la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico y la Office of Government Ethics de los Estados Unidos
Fecha
2010-11-09Autor
Pacheco Muñiz, Edward
Santana, Elsie Ruiz
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Mostrar el registro completo del ítemResumen
El Ethics in Government Act de 1978 establece en los Estados Unidos la Oficina de Ética Gubernamental (OGE), adscrita originalmente a la Oficina de Gerencia de Personal (OPM), y convertida luego en una agencia independiente en el 1988. De otra parte, la Ley Número 12 de 1985 crea la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico. Ambas agencias, promueven el que los funcionarios del Poder Ejecutivo ejerzan sus funciones con el mayor apego a los estándares éticos y legales. Para esto, entre todas sus funciones, se cuentan la de educar y orientar a los servidores públicos en aspectos generales y específicos relativos a la ética gubernamental, para minimizar los conflictos de interés, la corrupción administrativa y otros males afines. Así por ejemplo, la Ley de Ética de Puerto Rico establece en su artículo 2.7 (Ley Núm. 12 de 1985, Art. 2.7) la creación del Centro para el Desarrollo del Pensamiento Ético, el cual tiene a su cargo el desarrollo y el ofrecimiento de actividades de capacitación y adiestramiento en ética gubernamental a los funcionarios del poder ejecutivo puertorriqueño. De forma similar, entre las funciones de la Office of Government Ethics de los EE.UU. se encuentran el proveer programas de capacitación ética a los funcionarios del Poder Ejecutivo de dicho país. Para cumplir con estos propósitos, estas agencias gubernamentales han utilizado adiestramientos tradicionales en ética gubernamental, los portales de internet, el uso de vídeos, las revistas académicas, los folletos informativos, entre otros. Esta ponencia, exploran de forma comparativa, las formas de organización utilizada en los dos países de referencia para promover la capacitación de funcionarios respecto a la ética gubernamental. Asimismo, examina los diversos mecanismos e instrumentos utilizados en ambas jurisdicciones para promover la ética y la transparencia en la gestión gubernamental.