El derecho a la información de los ciudadanos como un instrumento de transparencia gubernamental en Puerto Rico: una agenda inconclusa

Abstract

En Puerto Rico, como en muchos países Iberoamericanos, el derecho a la información pública por los ciudadanos, por ser concomitante a la libertad de expresión, posee rango constitucional. Por tal motivo, el mismo se fundamenta en el Artículo 2 de la Constitución de dicho país. De igual forma, en el 1982, el Tribunal Supremo de Puerto Rico en la decisión del caso Soto vs. Secretario de Justicia (112 DPR 477) valida y hace más operacional este derecho a información pública de los ciudadanos al según las palabras de este distinguido cuerpo: "romper con el manto de secretividad que por treinta años se ceñía sobre los documentos públicos" que el estado alegaba eran confidenciales.

De igual forma, legislación más reciente como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 1988, plantea que las agencias del gobierno de Puerto Rico debían establecer en el término de un año: "? la manera de radicar peticiones formales o informales y los medios por los cuales el público puede obtener información de la agencia." (3 LPRA 2105a.) Asimismo, la Ley de Municipios Autónomos del 1991, indica entre los deberes y responsabilidades de los empleados municipales, el deber de mantener la confidencialidad en sus asuntos de trabajo, "sin?menoscabar el derecho de los ciudadanos que tienen acceso a la documentación y otra información de carácter público." (Sec. 10.011).

A pesar de contar con este marco legal y jurídico, la realidad es que muchas dependencias del gobierno de este país aún no han establecido sus reglamentos relativos al acceso de los ciudadanos a la información pública. Más aún, en muchas de ellas no existen procesos estructurados para solicitar la misma, ni oficiales administrativos especializados a cargo de esta importante función.

En esta ponencia, se abordan el estado de derecho existente en Puerto Rico sobre el acceso a la información pública por parte de los ciudadanos. Se enfatizan los efectos de las decisiones emitidas por el Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre este particular. Asimismo, se evalúa la situación de los procesos administrativos para acceder a este tipo de información. Por último, se ofrecen recomendaciones para mejorar el acceso de los ciudadanos a ésta.