Las relaciones humanas y sociales en la función pública dominicana como base del fortalecimiento de la capacidad de gestión del gobierno
Resumen
El Ministerio de Administración Pública está desarrollando un plan estratégico para impulsar las relaciones humanas y sociales en la función pública dominicana como base del fortalecimiento de la capacidad de gestión del gobierno, conforme con la Ley No. 41-08 del 16 de enero del 2008 de Función Pública, cuyo contenido define y garantiza en sí mismo un avanzado proceso de profesionalización. El concepto de titularidad del cargo es la garantía de estabilidad en los puestos de carrera, como una característica fundamental de todo sistema de carrera y la promoción de aquellos servidores con las cualidades y competencias identificadas como necesarias para desempeñar adecuadamente los puestos. En adición a estos aspectos comunes nuestro sistema plantea ciertas particularidades como es la categorización de los funcionarios o servidores públicos lo que define su conjunto de derechos y prerrogativas. Los derechos colectivos de los funcionarios y servidores públicos, los Recursos Administrativos y Contencioso Administrativo, la readecuación del Régimen Ético y Disciplinario reduciendo a tres (3) grado las sanciones e instituyendo el Procedimiento Disciplinario y la Responsabilidad Civil del Estado y del Servidor Público son otros de los grandes avances normativos, complementados por el reconocimiento del Fuero Organizativo. Conforme con tales disposiciones, el Ministerio de Administración Pública (MAP) ha avanzado significativamente en la adopción de instrumentos y mecanismos de control para garantizar la efectiva aplicación de la misma, ya que hemos venido logrando un cambio de paradigmas en las relaciones humanas y sociales en el entorno público. Lo que significa que la Ley de Función Pública y sus reglamentos de manera específica el No. 523-09 de Relaciones Laborales en la Administración Pública constituye un avance jurídico significativo en la gestión de los recursos humanos y la profesionalización de la función pública, que en la práctica ha contribuido a fomentar la eficiencia y eficacia de los servicios públicos y a promover el cumplimiento del interés general.