Reforma del Estado, cambio institucional y nuevas aptitudes profesionales [México]

Abstract

El objetivo del presente trabajo es analizar y explicar la importancia que tiene para un país como México, instituir el Sistema de Profesionalización en la Administración Pública. La relevancia de un sistema como el referido se vincula con el grado de desarrollo que tiene la vida institucional y desde luego, con los contextos que inciden para dar cuerpo a una propuesta que transformaría el sentido y desempeño de la función pública. La profesionalización del servicio público es un imperativo que se enlaza con las tendencias que se orientan por la democratización del poder.

En el caso de México, los procesos del poder relacionan en momentos distintos, la vigencia de un régimen autoritario y la emergencia de un régimen que apunta por la senda de la democracia. En este punto, la profesionalización del servicio público se inscribe en la lógica de los valores democráticos y en la necesidad de que sea un pilar que garantice certidumbre al conjunto de la sociedad. Esto significa que la certidumbre debe favorecer una función pública sustentada en el mérito, la evaluación permanente y la retribución conforme a aptitudes demostradas.

Para que un país tenga estabilidad institucional y gobernabilidad democrática, es indispensable que las instituciones públicas sean capaces para abordar y solucionar problemas con reglas de certidumbre. Por ello, profesionalizar el servicio público es parte de la construcción institucional de un país, más aun, cuando se encuentra insertado en contextos de cambio y democratización.

Para México, la profesionalización del servicio público es una premisa significativa, dado que en la actualidad, la administración pública carece de ventajas institucionales como: el ingreso por méritos a través de exámenes de oposición; garantizar la estabilidad y la permanencia en los cargos públicos vía evaluación permanente; en suma, se carece del reconocimiento formal de la carrera administrativa.

Tal situación tiene altos costos públicos, pues la movilidad administrativa es frecuente y numerosa. Se pierden así, los esfuerzos por dotar a la administración pública de bases que permitan su continuidad, a pesar de las oscilaciones de la vida política. A mayor competencia política, es más urgente que la administración pública tenga sistemas de continuidad para que sus tareas y responsabilidades públicas, no ingresen de manera reiterada a zonas de turbulencia institucional.

La maduración institucional de un país es producto de acuerdos públicos y políticos. Los mismos comprenden la articulación de la política en reglas que permitan el abordaje, el tratamiento y la solución de los problemas sociales. También comprenden el modo en que la administración pública se organiza y estructura a fin de que sus tareas garanticen al público ciudadano respuestas metódicas y continuas que favorezcan la calidad de vida en términos de que las actividades productivas y de servicios no sean objeto de alteración, interrupción o cancelación.

Es desfavorable para un país, que las instituciones administrativas se desenvuelvan con inestabilidad e incertidumbre. En este sentido, los requerimientos para formalizar el sistema de profesionalización en el servicio público de México, forman parte de la agenda de la reforma del Estado. No se trata de un asunto de rutinas o inercias, sino que se vincula con los horizontes de corto, mediano y largo plazo, los cuales son decisivos en el desempeño de las instituciones públicas.

Profesionalizar el servicio público es consubstancial a la institucionalidad democrática; es crear las condiciones para que la función pública no sea objeto de botín ni de lealtades individuales. Profesionalizar la función pública es signo de modernización y testimonio de que se impulsa la vigencia de un gobierno de instituciones, no un gobierno de hombres. Profesionalizar el servicio público es dar pasos firmes en favor de una nueva gestión pública, con el fin de que las capacidades de gobierno sean progresivas, más justas y más eficientes.

En ésta lógica, la administración pública tendría un perfil más acabado en cuanto definición profesional, capacidades profesionalizadas y tipos de desempeño. Sólo así, es factible conjugar retos democráticos con respuestas institucionales caracterizadas por su eficacia, equidad y oportunidad.