El rediseño de la función ejecutiva para impulsar la gestión por resultados en Ecuador

Abstract

Una vez constatado el fracaso de la agenda neoliberal, la definición de una nueva estrategia de desarrollo y un nuevo tipo de Estado, se convirtieron en objetivos prioritarios de la sociedad ecuatoriana.

La reforma estatal y su desprivatización suponen pensar en un Estado 'inteligente', dinámico y estratégico, significa romper con el referente minimalista de su acción y recuperar sus capacidades de gestión, planificación, regulación y redistribución. Implica, también, desarrollar una profunda transformación de su estructura territorial para potenciar los procesos de descentralización y desconcentración.

La ciudadanía ecuatoriana optó por procesar éstas profundas expectativas de cambio mediante una Asamblea Constituyente y una nueva Constitución de la República del Ecuador, que logró algunas conquistas como: a) Recuperación y fortalecimiento de un nuevo Estado soberano para la ciudadanía; b) Construcción de un régimen de desarrollo para la igualdad y el buen vivir (armonía entre la sociedad, la naturaleza y la economía); c) Constitución de un Estado Constitucional de Derechos y Justicia; d) Organización del poder en 5 funciones estatales: ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y de transparencia y control social, e) Democratización y recuperación del sistema político; f) Nueva organización territorial para la descentralización y las autonomías.

La propuesta de la nueva gestión del Estado está centrada en un conjunto de reformas institucionales con un amplio paquete de políticas económicas y sociales destinadas a procurar el bienestar colectivo de la población. Así, la visión del desarrollo del gobierno de la revolución ciudadana del Ecuador, entiende que el Estado es un actor fundamental del "cambio", tanto como garante del funcionamiento adecuado del mercado y de la corrección de sus tendencias auto-centradas y monopólicas, como de la distribución y provisión universal de un conjunto de bienes y servicios públicos destinados a asegurar la vigencia de los derechos fundamentales de las personas, que se traduce en el "buen vivir".

De esta manera, distanciándose del legado del Consenso de Washington, el Estado vuelve a ser colocado en el centro de la reforma institucional para recuperar para sí un conjunto de capacidades estratégicas que aseguren una adecuada coordinación entre política, economía y sociedad. De esta manera, la propuesta de reforma institucional del Estado busca que la recuperación de los márgenes de maniobra estatal se produzca bajo esquemas de gestión eficientes, transparentes, descentralizados, desconcentrados y participativos a fin de dotarle de la mayor coherencia funcional y legitimidad democrática a sus intervenciones.