Ambiente, política y administración. El Plan de Saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo: una visión integradora para una gestión viable

Abstract

La Cuenca Matanza Riachuelo en la República Argentina se presenta como un escenario con múltiples desafíos proactivos en pos de soluciones efectivas y eficientes. En la misma intervienen un elevado número de jurisdicciones y por ende la necesidad de coordinación, interdisciplinariedad y cooperación sectorial constituyen puntos de partida y de acción continua indubitables. La multiplicidad de sus componentes (fortalecimiento institucional, ordenamiento ambiental del territorio, salud, educación ambiental, cuerpo de agua, infraestructura, control ambiental, residuos, industria, participación social) demuestra claramente que se trata de un problema ambiental que atañe a lo social, a la cultura, a la educación, la salud, las obras públicas, las relocalizaciones, el desarrollo económico, la industria, la tecnología, etc. En suma, múltiples organismos públicos de la Nación, como así también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Provincia de Buenos Aires y de los municipios de la Cuenca se encuentran directa o indirectamente implicados en la cuestión. Por ello es necesario gestar una nueva visión de la gestión pública ambiental para utilizar de manera solidaria y coordinada las actividades propias que comparten los mismos problemas.

El camino marcado por el decisorio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Mendoza, Silvia Beatriz y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional y otros" marcan cuestiones fundamentales, desde múltiples perspectivas, tales como: con relación al equilibrio de poderes, ratifica su autonomía pero refuerza la propia interdependencia para el Estado de Derecho; con relación a las reivindicaciones sociales demoradas, logra canalizarlas conteniendo al conflicto acumulado; produce un ordenamiento de acciones aletargadas y dispersas; produce un proceso ambiental de solución; afirma la legalidad vigente, especialmente de los presupuestos mínimos; reconoce los límites externos a la justicia; induce a que se asuma el problema estructural del funcionamiento de la Administración Pública, promoviendo prácticas distintas; reconoce el factor gravitante del empleo en todo proceso ambiental. En suma, la preservación del ambiente funcionando como un faro orientador dentro del Estado de Derecho se presenta como particular y emblemático desafío en un escenario que exige acciones conjuntas, coordinadas e intersectoriales.