La gerencia social: un enfoque alternativo para la gestión municipal en México

Abstract

El agotamiento del sistema de representatividad e intermediación ha sido más evidente conforme la participación ciudadana rebasa los marcos y canales de gestión gubernamental diseñados en un contexto social y cultural menos heterogéneo. A la par la crisis fiscal del Estado recrudece el conflicto social; ligada a esta crisis fiscal el propio poder estatal desmantela sus funciones tutelares y de rectoría económica con el consecuente vacío de poder y de falta de direccionalidad al desarrollo.

Con la emergencia de grupos y movimientos ciudadanos, y el reclamo democratizador, la burocracia política y las élites decisoras aparecen más como obstáculo que apoyo a la demanda de participación en el diseño y concertación de las políticas públicas. El dilema entonces desde la visión gubernamental se encuentra en descentralizar y democratizar la toma de decisiones, con el riesgo de desmembrar y desarticular a diversas élites beneficiarias del carácter centralista y autoritario del estado mexicano.

En cambio, para la sociedad civil esta descentralización y democratización en la toma de decisiones implica fundar una nueva relación de corresponsabilidad para el desarrollo, legitimar un modelo de representatividad que no se ha fundado en las premisas originarias de la democracia y el equilibrio de poderes. En búsqueda de una nueva relación sociedad-Estado y una ampliación de los espacios de participación ciudadana aparece en el campo académico una propuesta de eficiencia técnica-administrativa, de participación social y de fortalecimiento del esquema de representatividad política; esta propuesta se inserta en la nueva concepción del estado achicado y la sociedad ampliada, en la corriente del liberalismo y la pluralidad política. A esta gama de articulaciones se denomina políticas públicas y su nacimiento se remonta a la década de los 50s en los Estados Unidos, en México esta materia toma auge a raíz de la fiebre reformista del estado y la supuesta racionalidad en el ejercicio del poder.

En México con un entorno social conflictivo, dotado con gran número de actores y variables, los equilibrios de poder están dispersándose y con ello el control social, la misma irrupción de la sociedad civil en la conquista de espacios decisorios son elementos que por un lado parecen reclamar la cientificidad de lo político, de la toma de decisiones y del manejo racional en la transición democrática.

Por otro lado, el agotamiento de la institucionalidad expresada en la quiebra del modelo centralista y la falta de representatividad obliga a redimensionar la estructura misma del poder político, y con ello edificar un nuevo Estado diseñado por las fuerzas sociales, históricas y coyunturales que se concretizan en la lucha política por el poder, y no tanto en la racionalidad de la política, la cientificidad de las decisiones y la modelación de escenarios del conflicto social. En torno a este marco analítico nos aproximaremos al análisis de la estructura política y sus capacidades de mediación atrofiadas y menguadas, crisis inscrita en la ruptura de un modelo típico de dominación basado en un esquema corporativo -autoritario-. Será preciso además revisar las variables políticas y las determinaciones superestructurales del estado mexicano; su carácter dual, liberal-popular heredados del movimiento liberal de la reforma del siglo XIX y la misión redentora posrevolucionaria que asumió como compromiso ante las masas.

Como producto de estos perfiles el estado mexicano edifico dos frentes que han comandado el proceso de modernización nacional y la administración del conflicto social. El frente social - popular que atendió el proceso de demandas corporativo- sindicales y la intermediación con actores políticos independientes. Esta tarea ha sido cumplida por una serie de instituciones diseñadas para ello como: Secretaría de Gobernación, Secretaría de la Reforma Agraria, Secretaría del Trabajo, Secretaría de Desarrollo Social, etc.

El otro frente liberal-democrático institucionalizó la negociación y consulta empresarial, ofreció un campo de acción y respaldo del gobierno al proceso de acumulación interna; esto también ocasiono ampliación e influencia del Estado en la economía como impulsor y agente dinamizador de la inversión, el empleo y estratega planificador del desarrollo. Las dos dimensiones obedecen a una lógica activa y permanente del Estado; la social-popular tiene un fin legitimador, mientras que la liberal-democrática tiene como propósito asegurar el proceso de acumulación para la burguesía nativa.

Por lo tanto en medio de esta crisis nos proponemos plantear un modelo de gestión municipal como respuesta a la incapacidad del gobierno federal y estatal para ofrecer soluciones oportunas, justas y racionales a las demandas ciudadanas. Consideramos que en el ámbito municipal se encuentran las características espaciales, funcionales, institucionales y participativas mas concretizables y por ello evaluables, aplicables y racionalizables en el proceso de las políticas públicas diseñadas por nuevos actores, nuevos enfoques y dotados de una activa participación popular.