La reforma laboral - burocrática como base para el mejoramiento de la calidad de la gestión pública en el Estado mexicano

Abstract

Se plantea la necesidad apremiante de contar en nuestro país con una administración pública eficaz y eficiente, con capacidad de respuesta a las demandas de la población, pero sobre todo con la conformación de hombres y mujeres con el perfil deseado en los puestos en los que se desempeñan.

Para ello es imprescindible una reforma constitucional en el ámbito del derecho laboral burocrático, pues es si desde la máxima de nuestras leyes se sientan estas bases, podrá constreñirse a los autores políticos y a quienes detentan el poder para que cumplan estas determinaciones. La mencionada reforma deberá darse desde el sector laboral burocrático, porque es precisamente la burocracia la que hace factible el desenvolvimiento de la administración pública, entendiéndose a ésta como la estructura total de dependencias y servicios dependientes del Poder Ejecutivo de la Unión. Se plantea además la necesidad de permear estas propuestas al ámbito de las entidades federativas, para que también los Estados de la República contemplen en sus constituciones locales el mínimo de mecanismos que coadyuven para el mejoramiento de la administración pública local.

Se aborda además la necesidad de que el gobierno federal retome la implementación de un Programa de Modernización de la Administración Pública, a fin de que considere a ésta última como factor coadyuvante para impulsar el desarrollo económico, político y social del País, y que, para avanzar a dicho objetivo, se comprometa a que la Administración Pública responda con flexibilidad oportuna a los cambios que vive y requiere la sociedad, a fin de vincularse estrechamente a las necesidades e intereses de la población mexicana.

Asimismo a que se establezcan estrategias y acciones para fortalecer el federalismo; profundizando en la reforma de gobierno, en la modernización de la administración pública y en la rendición de cuentas responsable y transparente, así como en alentar la participación social y garantizar las libertades y derechos ciudadanos como condición para alcanzar el pleno desarrollo democrático. Esta regulación deberá establecer como líneas prioritarias de la estrategia de modernización administrativa, el análisis, revisión, adecuación y congruencia permanentes entre funciones, facultades y estructuras, con el fin de favorecer la descentralización y acercar la administración a los ciudadanos y, por supuesto, desarrollar un nuevo enfoque y criterios más pertinentes para la gestión pública, logrando elementos que permitan medir su productividad y rendimiento. Finalmente, la profesionalización de los servidores públicos es indispensable para lograr su mejor desempeño y adaptar así su desenvolvimiento, creatividad e iniciativa a los cambios estructurales y tecnológicos para contribuir a servir con eficiencia a la sociedad. Se trata de un planteamiento que México necesita para salir adelante.