La economía política de la reforma institucional en la República Dominicana

Abstract

Las instituciones, de acuerdo a North (1990), son las reglas de juego que pautan la interacción social. Al modificar el sistema de incentivos y constreñimientos, todo proceso de cambio institucional genera ganadores y perdedores. El Estado es un agente fundamental de regulación, transferencia de renta y acumulación de poder. Por tanto, la reforma del Estado es un proceso inherentemente político alrededor del cual los distintos actores involucrados generan comportamientos estratégicos destinados a maximizar sus ganancias o minimizar sus perdidas.

En base al modelo clásico de Grindle y Thomas (1991) se identifican y analizan 3 etapas interactivas del proceso de reforma: a) conformación de la agenda, b) toma de decisión; e c) implementación. En este marco se enfatiza la importancia de la gestión estratégica del proceso de cambio. Explicita o implícitamente se van creando coaliciones de apoyo o resistencia a la reforma. Identificarlas y gestionarlas proactivamente, aprovechando las ventanas de oportunidad que ofrece el entorno, se constituye en uno de los elementos claves en el éxito de los procesos de cambio.

Se analiza el proceso de reforma de sistemas transversales de gestión llevado a cabo en la República Dominicana durante el período 2004-2008, con especial énfasis en la creación de las nuevas Secretarías de Economía y Administración Pública. Muchos proyectos de reforma y modernización del Estado ignoran los intereses de actores clave, tales como los altos directivos, la burocracia estatal, los partidos políticos, los organismos internacionales y las organizaciones de la sociedad civil. Al proceder de este modo, reducen la viabilidad política y sostenibilidad institucional de los cambios que pretenden fomentar. En el caso específico de los sistemas de administración pública, servicio civil y carrera administrativa, cualquier posibilidad de reforma está asociada a la transformación del sistema de partidos y la cultura política subyacente. Sin modificar dicho constreñimiento, la reforma institucional se quedará limitada a normas legales y formales, sin permear las prácticas sociales y organizacionales cotidianas.