El derecho del consumidor y del ciudadano a la información: construyendo ciudadanía digital a partir del derecho a la información

Abstract

La ponencia plantea que el derecho a la información que posee la persona humana, resulta esencial a efectos de construir ciudadanía digital y se convierte en un poderoso instrumento en pos de la inclusión digital, favoreciendo la disminución de la brecha digital, al derribar barreras psico-volitivas que confinan al ciudadano al conocido -y por eso, "seguro"-, ambiente del papel. El "consumidor electrónico" es también "usuario de la administración electrónica". Se trata de la misma persona y en ambos casos su vulnerabilidad respecto a la carencia de información es similar, de modo que es posible encontrar elementos comunes que permitan aportar a un "estatuto del ciudadano digital" coherente.

En tanto esa vulnerabilidad está configurada muchas veces por la brecha de conocimiento e información, resulta indispensable que se adopten medidas que tiendan a facilitar el acceso del consumidor/ciudadano a información que resulte detallada, adecuada y veraz y que le permita formar un conocimiento informado. En la "era de la información", la información -precisamente- es un elemento esencial por ser un insumo indispensable para la adopción de decisiones adecuadas, y es una garantía que posee el ciudadano digital. El Derecho debe procurar una adecuada regulación del e-commerce y del e-government que reconozca adecuadamente ese derecho a la información.

La Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública sostiene la región tiene que orientarse a la atención de tres grandes problemas: la consolidación de la democracia, la necesidad de retomar el crecimiento económico y la reducción de la desigualdad social, garantizando inclusión social. El Derecho a la Información de los ciudadanos, tanto en su rol de ciudadanos como de consumidores, es fundamental para garantizar la solución de cada uno de esos problemas. Las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son un aporte inestimable para alcanzar dichos objetivos, atento la eliminación de las barreras de espacio-tiempo entre el emisor y el receptor, su ubicuidad, su velocidad, su simplicidad y economicidad.

El Estado posee importantes responsabilidades en tal sentido, impulsando, fomentando, regulando el uso de tan importante instrumento en función de tan altos objetivos, y consolidando como medio para lograrlo una gestión pública de calidad y excelencia, centrada en el ciudadano, de modo de alcanzar una sociedad de bienestar que logre el desarrollo de la persona, la cohesión social, la efectivización de los derechos humanos y el respeto irrestricto de su dignidad. En especial, asegurando a todas las personas prestaciones y servicios públicos de calidad y, en lo que nos interesa, asegurando a todas las personas el acceso oportuno y universal a la información.