Gobernabilidad democrática en México: más allá de la captura del Estado y la polarización social

Abstract

En México, el largo periodo de dominio de un partido hegemónico -caracterizado por altos niveles de concentración del poder político y por los poderes metaconstitucionales del Presidente- ha sido reemplazado por instituciones democráticas basadas en la división y la descentralización de poderes y en mayores controles y contrapesos.

La competencia política en todos los niveles del gobierno ha resultado en el cambio del partido en el poder y en un mayor acceso a información gubernamental, aunque el ritmo de avance varía entre el ámbito federal y el subnacional, y entre las jurisdicciones subnacionales.

La creciente importancia de las elecciones ha llevado a un cambio en la dirección de las políticas públicas en algunos sectores. Así, el gasto público en México se ha inclinado más a favorecer a los pobres, y la cobertura de los servicios sociales básicos, como los servicios de salud y la educación, ha mejorado desde principios de los años noventa. Sin embargo, la agenda de reformas pendientes sigue siendo larga, y la calidad, equidad y eficacia de esos servicios, incluida la seguridad pública, aún pueden ser mejoradas.

Las distorsiones en políticas públicas que aún persisten se deben a la influencia excesiva de grupos de interés, como algunos de los sindicatos de trabajadores del sector público y algunas élites económicas. Estos grupos median -y muchas veces capturan- la relación entre el liderazgo político y los ciudadanos en general (en su capacidad de votantes), lo que afecta el suministro de bienes y servicios públicos.

Nuestro análisis de episodios de políticas públicas en el ámbito social y económico muestra cómo, incluso en un entorno más democrático, las habilidades de algunos grupos de interés particulares siguen siendo fuertes para ejercer su influencia sobre los contenidos de las políticas. Las elecciones competitivas han dado más poder a los ciudadanos comunes, aumentando su capacidad para enfrentarse a políticas basadas en intereses particulares.

Sin embargo, la capacidad de estos grupos de interés para movilizar la resistencia fuera de los escenarios electorales y legislativos formales mitiga el impacto positivo de la rendición de cuentas sobre las elecciones. Estas resistencias no sólo obstaculizan o diluyen las reformas cuando se intenta hacerlas, sino que de manera natural hacen que los políticos se muestren reacios a impulsar una agenda ambiciosa de reformas, sabiendo de las dificultades que representa superar la presión de los intereses particulares.

Los votantes, por su parte y, con razón, se vuelven escépticos de la capacidad de los políticos para superar la resistencia y comienzan a exigir beneficios tangibles y particulares en lugar de reformas fundamentales que mejoren el bienestar general del país en el largo plazo.