El Estado como instrumento hacedor de calidad y generador de políticas públicas: el valor de la eficacia de resolver demandas insatisfechas
Resumen
La revolución y el desarrollo incipiente en las comunicaciones y en la información, generan una vasta capacidad de celeridad en la penetración transnacional. Esta invasión abarca tanto la configuración y la operatoria de las redes referenciadas, la definición de los dispositivos y mecanismos del poder, y la imposición de los nuevos valores culturales y patrones de consumo del transnacionalismo. El actor estatal debe reformular el rol tradicional, redireccionando la operatoria hacia la ejecución de políticas públicas. Complementariamente, es conveniente que el Estado juegue un papel activo como factor propiciante y agente de redistribución que permita garantir y asegurar la solidaridad y el equilibrio social entre ciudades, áreas territoriales e individuos. Esta lógica obedece a la premisa trascendental de asumir el compromiso de equidad, equilibrio interterritorial, cierre de brechas y desigualdades sociales, y promoción de expectativas, necesidades y deseos de la comunidad. Consecuentemente, las observaciones preliminares siguen reflejando que el Estado constituye un instrumento basamental para el desarrollo económico, político y social. La transformación del rol del Estado en la variable económico-financiera es de tendencia estructural. No obstante, el accionar estatal debe ser redireccionado hacia el área social y educativa, promoviendo el desarrollo económico referido. Sin embargo, la reestructuración del papel del Estado debe instrumentarse en las diversas formas de intervención en el plano político y en la esfera económica. Estimular un rol estatal de instrumento hacedor y financiador de políticas públicas, se torna como prioritario para anular la desigualdad y la fragmentación social. Complementariamente, se debe bregar por recuperar la capacidad de gestión estatal. El entorno actual requiere un modelo relacional de diseño y gestión de Políticas Públicas. En correlato, las decisiones o proyectos formulados sin actividades no constituyen Políticas Públicas. Pon ende, Gobierno y Administración deben estar emparentados y no pueden ser disociados. Consecuentemente, no administrar es desgobernar. Finalmente, el objetivo trascendente debería ser propiciar una reestructuración de unidades organizativas administrativas, una desburocratización de los procedimientos administrativos, una simplificación del marco jurídico-normativo y administrativo, una mejora de los sistemas de información y de la estructura de comunicación en la vinculación administración-ciudadano, y una flexibilización de la gestión del empleo público. El contexto que fundamenta esta reformulación es el aumento y la diversificación de las tareas administrativas, la evolución manifestada en las funciones administrativas, y por el trascendental postulado de equilibrio entre los valores de estabilidad y cambio para brindar a la sociedad los componentes de seguridad y flexibilidad inherentes al orden social, y para abordar consecuentemente la crisis de legitimidad que el accionar estatal posee en la actualidad.