Desafíos de la política latinoamericana contemporánea: los movimientos sociales en la gestión estatal. El caso del Movimiento Barrios de Pie en Argentina

Abstract

El presente trabajo es un análisis de la experiencia de participación de un movimiento social en la gestión estatal. El caso seleccionado es el del Movimiento Barrios de Pie en la Argentina durante el gobierno del Presidente Néstor Kirchner (2003-2007). El propósito del trabajo es comprender los límites y potencialidades inscriptos en la apertura de la gestión estatal a organizaciones de origen popular.

Para dar cuenta de los mismos, el trabajo plantea, en primer lugar, una serie de elementos teóricos para estudiar la relación entre Estado y conflicto social. Luego, se realiza una reseña histórica que enmarca el caso analizado en la situación política argentina después de la crisis del 2001. Finalmente, el estudio específico sobre la experiencia de gestión del Movimiento Barrios de Pie tiene por objetivo contribuir a la reflexión sobre las herramientas necesarias para una apertura sustantiva de la gestión estatal a la ciudadanía. Para ello, el trabajo se detiene particularmente tanto en los escollos políticos como en las dificultades burocráticas que surgieron en dicho proceso de apertura.

En el primer caso, tanto la iniciativa de un gobierno para avanzar en la transformación de las formas tradicionales de gestión pública como la capacidad política de las fuerzas sociales que asumen ese desafío -en nuestro caso de análisis movimientos sociales, pero extensible a otro tipo de organizaciones- es fundamental para comprender la profundidad de los posibles cambios.

En relación con el segundo punto, el problema de la racionalidad burocrático-estatal debe ser tratado a la hora de pensar en la democratización de la gestión estatal. Los tiempos, el personal y los circuitos administrativos son elementos que hacen a los resultados que pueda tener una mayor participación ciudadana en la administración pública. Sin tener en cuenta estas dimensiones, es posible que la llamada a una mayor participación no conlleve cambios sustantivos en la distribución de recursos sociales y, de hecho, puede incluso encubrir ausencia o delegación de responsabilidades por parte del Estado en tareas sociales de primer orden.