A la búsqueda de una gobernanza responsable: descentralización y mecanismos de rendición de cuentas en los municipios bolivianos

Abstract

Tal y como afirman Victor Bekkers y otros autores (en un documento editado en el año 2007), la gestión de los recursos públicos ha vivido a lo largo de la década de los 90 un cambio de paradigma, pasando del clásico paradigma del gobierno al nuevo paradigma de la gobernanza. Con este cambio se observa cómo el gobierno, entendido en sentido clásico, ha dejado de ser una entidad cerrada a ser un conglomerado de actores, cómo ese gobierno ha dejado de ser el único actor que puede influir en el desarrollo de las sociedades y cómo las intervenciones del gobierno recaen más bien sobre políticas públicas en red, en las que el poder, la dependencia en los recursos y las estrategias de comportamiento se vuelven un elemento vital. Se trata, por tanto, de una gestión policéntrica, en la que la discusión, el diseño y el control de la gestión pública se realizan de manera conjunta entre actores institucionales y no institucionales.

Esta nueva gobernanza toma cuerpo especialmente en los espacios de participación de los gobiernos locales. Se entiende que la eficiencia, y por tanto, la legitimidad de las instituciones públicas y de la gestión de los recursos públicos se refuerza con la formación de redes sociales e institucionales que acerquen la toma de decisiones a los ciudadanos. En este sentido, el ámbito municipal es el idóneo para que se desarrollen estas prácticas participativas, toda vez que cuanto menor es la escala, mayores son las posibilidades de implicación directa de los ciudadanos. Y también porque la necesidad de fortalecer el control social directo de las instituciones coincide con frecuencia con la puesta en marcha de procesos de descentralización del poder político. Sin embargo, en este espacio local se hace sentir especialmente la insuficiencia de los mecanismos horizontales y verticales de accountability. Partiendo de estos supuestos, este artículo pretende, por una parte, concretar los instrumentos y mecanismos de rendición de cuentas que se desarrollaron en el caso boliviano a partir de la aprobación de la Ley de Participación Popular; y en segundo término, evaluar si estos mecanismos han influido de forma positiva sobre la gestión y legitimidad de las políticas públicas. Es decir, comprobar hasta qué punto los intereses y las demandas de los ciudadanos bolivianos se han visto reflejados en el producto final.