Bolivia en el camino al cambio definitivo

Abstract

Se describe el proceso de reforma Administrativa del Estado en Bolivia, destacando los aspectos que determinan los alcances y la irreversibilidad del mismo. Se consideran las condiciones que hacen posible el avance y la profundización de los cambios, el marco de referencia adoptado por los responsables de la toma de decisiones, las definiciones fundamentales de políticas y los instrumentos legales correspondientes.

La reforma del Estado en Bolivia está avanzando sobre base del reconocimiento de la existencia de tres grandes condiciones. La primera se refiere a la reconciliación entre la sociedad política y la sociedad civil; la segunda implica la aceptación por parte de la dirigencia política, social y cívica, de que participación popular, municipalización y control social, descentralización administrativa y política, son formas superiores de la reforma administrativa del Estado. La tercera concierne a la imprescindible relación entre la histórica planificación centralista y el control social de la ejecución.

La necesidad política exige la ejecución de acciones administrativas dirigidas a lograr resultados sociales sustentables y con costos que no aumenten las deudas ni dependan exclusivamente de la cooperación internacional. En el caso boliviano se cuenta, a este respecto, con una serie de leyes, estrategias y programas que sirven como instrumentos para brindar la seguridad humana, legal e institucional que tanto se había extrañado en el país.

Desde el punto de vista del marco de referencia de la reforma del Estado, se tienen tres definiciones políticas fundamentales, a saber: 1) el Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República, que plantea el desarrollo sostenible a partir de la inserción internacional, la transformación productiva, el desarrollo humano y la conservación de los recursos naturales; 2) el Programa de Acciones Estratégicas (PAE), instrumento apto para lograr una inversión social coherente con las políticas de desarrollo humano; 3) la Estrategia para la Transformación Productiva del Agro, a ser ejecutada conjuntamente con el sector privado.

Las propuestas deben tener normas legales que hagan obligatorio su cumplimiento. Así, no basta que existan derechos reconocidos y organismos responsables de garantizar estos derechos. Hacen falta procedimientos para poner en marcha el aparato administrativo, más allá de la buena voluntad del burócrata de turno. En este sentido, se cuenta con las siguientes leyes: 1) la Ley de Participación Popular y sus decretos reglamentarios; y 2) la Ley de Descentralización Administrativa y su Decreto Reglamentario.

Se concluye que el proceso boliviano de Reforma Administrativa del Estado está encontrando sus propias respuestas, en el marco de una experiencia nacional, y aprovechando también la que se ha generado en el ámbito internacional. Existe el marco institucional, legal y económico, además de la voluntad política del gobierno, por lo que se puede afirmar que Bolivia está encontrando definitivamente su camino hacia el futuro. C.S.