Una nueva cultura de la gestión pública

Abstract

Los gobiernos, mediante leyes procuran determinar funciones y fuentes de legitimidad para la administración pública. A pesar de las concepciones legales y constitucionales, el éxito de la administración democrática depende tanto de la práctica política de esos valores, como de las formas gerenciales que se utilizan para administrar los asuntos públicos. La ausencia de una práctica de administración democrática produce incredulidad y desconfianza en la población respecto a la capacidad gubernativa de políticos y burócratas. Ambos, muchas veces se tratan públicamente como autointeresados, distantes del bien social y administrativamente ineficientes; en consecuencia, la población ve las estructuras administrativas del gobierno como algo inadecuado incluso se atacan las propias funciones del gobierno.

Ultimamente en muchos países han sido consideradas como excesivas, dispendiosas y administradas sin control. Por eso, de manera concomitante a las propuestas legales y las reformas administrativas, es preciso recuperar la credibilidad de la población en cuanto a la capacidad administrativa de los gobiernos con el fin de responderle a la sociedad, además de reforzar las bases éticas y morales de la acción gubernamental. En el mundo contemporáneo las bases para una nueva cultura de la gestión pública tienden a ser determinadas por los derechos de control político, las obligaciones sociales claramente establecidas, los ideales y la mejor profesionalización del servicio público.

Esas conquistas necesitan complementarse y diariamente destacarlas con las acciones del gobierno; es necesario también establecer el uso del poder político-administrativo dentro de los límites del bien común, además de garantizar mecanismos de participación, supervisión y control que faciliten el uso democrático del poder.

La administración pública contemporánea, a pesar de ubicarse en un contexto de mayor riqueza y conquistas administrativas, no es inmune a las presiones por más y mejores servicios. Por un lado los gobiernos tienen que enfrentar un ambiente social y económico turbulento, variable, de escasez, aguda de recursos y hostil a cualquier acción administrativa consecuente con la atención de obligaciones sociales, en el ambiente político democrático genera demandas y expectativas sobre una nueva forma de pensar a la administración pública, registrándose incluso, tendencias sobre un nuevo papel del estado en la sociedad. Se trata de tendencias verificadas a lo largo de los años y colocadas en debate público por la prensa diaria. No están constituidas por factores coyunturales que se evaporan rápidamente, sino por elementos que fabrican el molde social, económico y político en el que se constituye la administración pública moderna.

La perspectiva democrática propone una nueva base de acción y legitimidad en la administración pública. Esa legitimidad ahora depende menos de la racionalidad legal-administrativa de origen tecnocrático y mucho más de las nuevas relaciones del gobierno con la sociedad, además de los compromisos con el desarrollo social, económico y político. En este sentido la gestión pública tiene que ser entendida en su amplio sentido social, político y económico, además de ser comprendida en los parámetros de la vida organizacional de las instituciones públicas. Lo que el gobierno hace o deja de hacer no sólo es producto de disposiciones jurídicas, sino también de un conjunto de adaptaciones constantes de las instituciones públicas a las condiciones del entorno social, económico y político. La eficiencia y la eficacia de la gestión pública en el área social deben llevarse a cabo haciendo que el gobierno establezca lazos más democráticos con la sociedad y defina los límites y compromisos de sus funciones.